El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anticipó a mediados de mayo que el precio de la gasolina subiría desde el 1 de junio. La declaración fue hecha durante una rueda de prensa en Medellín y responde a la estrategia del Gobierno de desmontar progresivamente los subsidios a los combustibles, según reportó El País.
Sin embargo, la anunciación carece de precisión. Palma indicó que en los últimos días de mayo se realizaría una reunión con el Ministerio de Hacienda para “definir el monto exacto del alza”. Esto significa que, al momento de su declaración pública, el Gobierno no tenía cifras cerradas sobre cuánto subiría el combustible. La comunicación se limitó a confirmar que habría aumento, sin especificar magnitud ni cronograma exacto.
El contexto es relevante. En febrero y marzo el Gobierno aplicó reducciones de 500 pesos en cada mes, impulsadas por una mejora temporal en las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En mayo, sin embargo, la gasolina subió 400 pesos y alcanzó un promedio nacional de $15.849. Un nuevo incremento en junio profundizaría la tendencia alcista iniciada hace dos meses.
El ministro Palma justificó la decisión en términos de sostenibilidad fiscal. Afirmó que el país “no puede” seguir subsidiando combustibles porque ello compromete “los programas sociales”. La posición coincide con la del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien ha sostenido que mantener subsidios “no tiene sentido ni es viable”.
Aquí surge una tensión política que el Gobierno no ha resuelto públicamente. Los subsidios a combustibles son un instrumento redistributivo que afecta directamente el costo de vida de transportadores, pequeños comerciantes y consumidores finales. Su retiro gradual, aunque fiscalmente justificable, genera presiones inflacionarias y afecta sectores que ya reportan márgenes operacionales ajustados. El Gobierno presenta esto como inevitable; la oposición y los gremios lo ven como regresivo.
Palma agregó que el monitoreo del precio se realiza “semana a semana” y depende de variables internacionales además del estado del fondo de estabilización. Esta afirmación introduce un elemento de volatilidad que complica la previsibilidad para consumidores y empresas. Si el precio se revisa semanalmente según condiciones externas, los aumentos anunciados pueden no ser los únicos del período.
La estrategia comunicativa del Gobierno también merece atención. Anunciar aumentos con semanas de anticipación, pero sin cifras exactas, genera incertidumbre sin permitir que los actores económicos se preparen con información precisa. Una comunicación más clara habría incluido el monto del aumento, la fecha exacta de vigencia y una proyección de cómo evolucionará el precio en los meses siguientes.
El desmonte de subsidios es una decisión de política económica legítima. Gobiernos de distintas orientaciones ideológicas han enfrentado esta disyuntiva. Lo que está en cuestión es la forma: si el Ejecutivo comunica decisiones de este calibre sin datos completos, pierde credibilidad ante los sectores afectados y genera especulación innecesaria en mercados que ya operan con márgenes de incertidumbre elevados.
La reunión entre Minas y Hacienda que Palma mencionó debería haber ocurrido antes de cualquier anuncio público. Comunicar decisiones fiscales en construcción es un error de gestión que el Gobierno debería evitar.