El centro de Pereira está bajo presión. Comerciantes y residentes reportan una escalada de hurtos que abarca desde robo a personas hasta asaltos a locales y automotores. Los afectados tienen pruebas visuales y denuncias acumuladas. Lo que llama la atención: dicen que ya identifican a los responsables.
Eso plantea una pregunta incómoda. Si los delincuentes son conocidos, ¿por qué persisten los robos? La respuesta puede estar en la capacidad operativa de la policía local, en la saturación del sistema judicial, o en ambas. Sin cifras oficiales de la Policía Metropolitana de Pereira o de la Fiscalía, es difícil determinar si estamos ante un problema de inseguridad que crece, de reporte que mejora, o de ambos. Para quien no siguió el hilo: Risaralda ha sido históricamente una zona de conflictividad, pero el comercio de Pereira depende de la confianza en las calles.
Lo que importa ahora es la respuesta institucional. ¿Hay un plan de patrullaje reforzado? ¿Se están priorizando estos casos en fiscalía? ¿Qué dice la administración local? Las denuncias de comerciantes sin respuesta visible erosionan la credibilidad del Estado en territorios donde la gente necesita ver acción, no promesas. Si la alcaldía o la policía tienen datos que contradigan esta percepción de crisis, deben ponerlos sobre la mesa. La ambigüedad en seguridad es un lujo que Pereira no puede permitirse.