El presidente Gustavo Petro anunció en consejo de ministros que impartirá nuevos decretos y resoluciones para “defender los ahorros de los colombianos”. La declaración llega días después de que el Consejo de Estado ordenara suspender el traslado de aproximadamente $5 billones desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.
La secuencia de eventos revela una estrategia conocida en la política institucional colombiana: cuando una decisión judicial frena un proyecto ejecutivo, el gobierno busca rutas alternas normativas para alcanzar objetivos similares. No es la primera vez que ocurre. Tampoco será la última.
Lo relevante aquí no es la intención declarada de “defender ahorros”, que es retórica esperada en cualquier reforma pensional. Lo relevante es el método: después de una derrota ante la justicia contencioso-administrativa, el Ejecutivo anuncia que expedirá instrumentos normativos sin especificar cuáles, sin explicar su fundamento legal, sin aclarar si serán decretos con fuerza de ley o resoluciones ministeriales.
Esta opacidad inicial es problemática por varias razones. Primero, porque sugiere que los instrumentos aún no están redactados o no están listos para escrutinio público. Segundo, porque el Consejo de Estado ya se pronunció sobre el fondo de la cuestión: consideró que la transferencia de fondos privados a un sistema público requería más que voluntad ejecutiva. Requería, según la corporación, respeto por derechos adquiridos y procedimientos que el gobierno no siguió.
Si Petro expide nuevos decretos con la intención de lograr lo mismo que el Consejo de Estado frenó, enfrenta un riesgo institucional claro. Otra demanda, otra suspensión, otra derrota ante la justicia. Si expide decretos con contenido diferente, entonces la pregunta es: ¿por qué no lo hizo así desde el inicio?
La reforma pensional es legítima como agenda política. Colombia tiene un sistema de pensiones fragmentado, inequitativo y financieramente insostenible. Eso es documentado. Pero la legitimidad de una reforma no autoriza al gobierno a saltarse procedimientos o a desconocer decisiones judiciales. Cuando lo hace, no está defendiendo a los colombianos. Está debilitando las instituciones que, paradójicamente, son las que protegen los ahorros de cualquier ciudadano contra el abuso de poder.
Lo que viene ahora es observar qué contienen exactamente esos decretos y resoluciones. Si el gobierno mantiene la opacidad, si no publica los proyectos antes de expedirlos, si no abre espacio para comentarios de sectores afectados, entonces la defensa de ahorros será un eslogan. La realidad será otra: un Ejecutivo que intenta imponer una política pública sin los controles que la democracia requiere.
El Consejo de Estado ya habló. Ahora le toca al gobierno decidir si respeta la decisión o si apuesta a una nueva batalla judicial. Ambas opciones son válidas en democracia. Lo que no es válido es hacer ambas cosas simultáneamente: anunciar nuevos decretos mientras finge que la sentencia no existe.