El presidente Gustavo Petro llegó el 10 de junio a Nueva York para encabezar la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU durante junio, según reportó El Diario de Pereira. La sesión principal de esta semana estará dedicada a Medio Oriente, en un momento de alta volatilidad regional tras los ataques de octubre de 2023 y la posterior escalada en Gaza y Líbano.
La presidencia del Consejo no es un cargo honorífico: fija la agenda, convoca sesiones y selecciona los temas que reciben tratamiento formal del órgano. Colombia la ejerce por segunda vez desde 2011, cuando Juan Manuel Santos la dirigió. La diferencia, en esta oportunidad, es el peso político que el Gobierno ha decidido ponerle a la silla.
La Cancillería ha anunciado cinco ejes temáticos para el mes: paz y derecho internacional, mujeres en conflictos, niñez y reclutamiento, cambio climático como multiplicador de riesgo y reforma de los métodos de trabajo del propio Consejo. Petro presidirá además un debate abierto sobre inteligencia artificial y conflictos armados, un tema que el Reino Unido venía empujando y que Colombia recogió.
Hay al menos tres elementos que merecen lectura crítica desde Colombia.
Primero, la coherencia interna. El Gobierno habla de paz y derecho internacional en Nueva York mientras en el Catatumbo se reportan enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del EMC que, según la Defensoría del Pueblo, han desplazado a cerca de 50.000 personas en lo corrido de 2026. La contradicción entre la diplomacia presidencial y la situación interna en territorios como Tibú, Sardinata y El Carmen no es nueva, pero se amplifica cuando el presidente se sienta en la mesa que él mismo preside.
Segundo, la utilidad práctica. Presidir el Consejo permite convocar sesiones, briefings y resoluciones, pero no convierte a Colombia en miembro permanente ni le otorga voto adicional. La pregunta razonable es qué resultados concretos traerá el mes para la política exterior colombiana: resoluciones copatrocinadas, pronunciamientos sobre Venezuela, impulso a la misión de verificación de la implementación de los acuerdos de 2016 o, en cambio, declaraciones retóricas que el archivo de la ONU registrará y nadie más consultará.
Tercero, el contexto hemisférico. La reapertura de la frontera con Venezuela, registrada el mismo 10 de junio según la misma nota de El Diario, se cruza con la presencia de Petro en la ONU. El Gobierno ha insistido en una narrativa de “reintegración regional” que el Consejo de Seguridad no procesa: ese organismo trabaja sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, no sobre relaciones bilaterales. Mezclar ambos planos puede generar expectativas que luego chocan con los límites del mandato del órgano.
La diplomacia presidencial tiene su lugar. Pero la política exterior seria se mide por lo que queda después del regreso, no por el brillo del atril. En los próximos 20 días se verán las resoluciones que Colombia logre hacer avanzar, los comunicados de prensa que efectivamente muevan alguna aguja y, sobre todo, si la palabra “paz” en el Consejo de Seguridad se traduce en algo distinto a un eslogan adicional.
Por ahora, lo que hay es un presidente en la silla y una agenda por demostrar.