El 2 de agosto, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X la carta que el activista Beto Coral le dirigió tras su captura por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). El texto, reproducido por el primer mandatario sin respuesta institucional adicional, contiene tres elementos que merecen leerse con detenimiento.
Primero, el relato. Según Coral, durante la audiencia en la que se discutió su fianza un abogado del Departamento de Estado habría señalado al activista como presunto agente del Gobierno colombiano. La afirmación, atribuida por el propio Coral, no fue acompañada —según su versión— de pruebas que la sustentaran. El nombre del presidente Petro habría sido mencionado al menos siete veces en la diligencia, siempre en el marco de acusaciones de espionaje o de conducta hostil hacia Estados Unidos. La cadena de hechos, tal como la difunde el activista y la amplifica el jefe de Estado, es grave: un gobierno extranjero habría utilizado un proceso migratorio para introducir señalamientos políticos sin evidencia documental.
Segundo, la advertencia. Coral recomienda al presidente salir del país antes del 6 de agosto. El argumento es que el gobierno electo de Abelardo De la Espriella podría facilitar mecanismos judiciales y no judiciales para procurar su captura una vez asuma. La sugerencia, formulada por un ciudadano privado y reproducida por la cuenta oficial de la Presidencia, introduce una hipótesis política delicada: que el próximo gobierno colombiano dispondría de la justicia como instrumento de persecución. Hasta el cierre de esta columna, la Casa de Nariño no había emitido comunicación oficial sobre el contenido de la carta ni sobre las afirmaciones que le fueron transmitidas.
Tercero, el procedimiento. Un presidente que difunde desde su cuenta personal una carta en la que se le sindica —presuntamente— como agente de un gobierno extranjero, que se le recomienda exiliarse y que se denuncia una instrumentalización de la justicia estadounidense, tiene a su disposición rutas institucionales que no usó. Podía convocar al embajador, solicitar nota de respuesta al Departamento de Estado, pedir concepto a la Cancillería o, si lo consideraba pertinente, elevar una queja formal. Optó por la ruta del tuit. La decisión no es neutral: politiza un proceso migratorio individual, lo convierte en pieza de la campaña sucesoria y le da tribuna global a un señalamiento que, según la propia fuente, carece de soportes probatorios.
Hay un problema de fondo adicional. La carta presenta a un gobierno extranjero como acusador sin pruebas, a un gobierno electo como potencial perseguidor y a un presidente en ejercicio como receptor pasivo de recomendaciones sobre su propia seguridad. Cualquiera de los tres elementos, por separado, justificaría un pronunciamiento institucional serio. Los tres juntos, divulgados por la cuenta oficial de la Presidencia, dibujan un escenario en el que el Estado colombiano renuncia a los canales del Estado para tramitar controversias que, de ser ciertas, lo afectan como tal.
La Bitácora ha sido crítica del uso instrumental del Estado por parte del gobierno actual. También lo es cuando el gobierno en ejercicio decide ventilar asuntos de esa naturaleza por la vía de las redes sociales, sin contrastes, sin documentación adjunta y sin respuesta posterior. Si las acusaciones de Coral son ciertas, Colombia enfrenta un problema diplomático de primera magnitud que no se resuelve con un hilo en X. Si no lo son, el país enfrenta otro distinto: el de un presidente que pone su plataforma al servicio de narrativas sin verificación.
La diplomacia se construye con notas verbales, conceptos técnicos y dossiers. No con capturas de pantalla. El 6 de agosto, fecha señalada en la carta,将会 llegar. Y, hasta ahora, no hay un solo documento oficial que explique qué hará el gobierno mientras tanto.