El Gobierno de Gustavo Petro eligió una fecha simbólica para su último movimiento legislativo en materia energética: el 20 de julio, día de instalación del nuevo Congreso 2026-2030, radicará un proyecto de ley para prohibir de manera expresa el fracturamiento hidráulico en Colombia. La iniciativa, según reportó El Nuevo Día de Ibagué, será presentada de manera conjunta por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, con el respaldo del Pacto Histórico y el liderazgo del ministro Edwin Palma.
La propuesta llega en un momento institucional peculiar. El Congreso que debatirá el texto será el recién elegido, no el que acompañó los primeros tres años y medio del petrismo. Y el presidente que deberá ejecutar lo que esa Corporación decida será Abelardo de la Espriella, quien durante su campaña propuso un modelo de “fracking responsable” y ganó la elección precisamente cuestionando la política energética del actual Gobierno. La transición está prevista para el 7 de agosto, es decir, menos de tres semanas después de la radicación.
Hay tres problemas de fondo que el debate no puede evadir.
Primero, el calendario. Radicar un proyecto de prohibición absoluta de una técnica extractiva a dieciocho días de entregar el poder no es legislar: es fijar agenda para el gobierno entrante. El Congreso entrante, con mayorías renovadas, recibirá una iniciativa que ya viene con el sello del Ejecutivo saliente. La pregunta razonable es si el trámite respeta la separación funcional entre quien propone y quien ejecuta, o si se trata de una jugada para condicionar el margen de maniobra del nuevo presidente.
Segundo, el contenido. La prohibición del fracking en Colombia no es un debate abstracto. El país enfrenta un déficit de gas documentado desde 2024, con reservas que según la Agencia Nacional de Hidrocarburos cubren menos de una década de demanda interna a ritmos actuales de producción convencional. Los yacimientos no convencionales —los que el proyecto pretende cerrar de forma definitiva— son la única fuente de gas incremental disponible en el corto plazo. Prohibirlos por ley, sin una alternativa de sustitución energética ya construida, implica asumir el riesgo de un racionamiento industrial o de una dependencia aún mayor de importaciones de gas natural licuado, con el costo fiscal y tarifario que eso comporta.
Tercero, la evidencia. El ministro Palma sostiene que “diferentes estudios científicos” respaldan la prohibición por los riesgos sobre el agua, los ecosistemas y la salud pública. Esa afirmación es discutible. La literatura internacional sobre fracking muestra riesgos reales, pero también muestra que esos riesgos son gestionables mediante regulación técnica, monitoreo independiente y zonificación. La Agencia Internacional de Energía y la propia academia colombiana han publicado trabajos en ambas direcciones. Una prohibición legal no es la única respuesta posible a una evidencia que, además, el propio Gobierno no ha cuantificado en el articulado del proyecto.
El nuevo Congreso tiene la última palabra, como bien señala la nota de El Nuevo Día. Pero esa última palabra llegará en un contexto donde el Gobierno saliente habrá definido el marco del debate, el gobierno entrante habrá explicitado su desacuerdo y el país seguirá dependiendo de una matriz energética que no se transforma por decreto. La defensa del agua y de los ecosistemas es un objetivo legítimo. También lo es la seguridad energética y la estabilidad fiscal de Ecopetrol, que es un activo de todos los colombianos.
Una prohibición absoluta, en este momento y con esta evidencia, parece más un gesto político que una decisión técnica. El Congreso entrante haría bien en leer el proyecto con detenimiento, escuchar a la academia, a la industria y a las comunidades, y decidir con base en datos y no en fechas del calendario.
Catalina Restrepo Mejía,.columna de opinión para La Bitácora.