El presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta en X la orden de liquidar Air-e, la empresa operadora del servicio de energía en varios departamentos del Caribe colombiano. Según reportó La República, la medida buscaría “garantizar la continuidad del servicio y avanzar en una solución estructural” para la región.
La decisión, comunicada por la red social antes que por un decreto publicado en el Diario Oficial, reabre un debate que el propio Gobierno había intentado cerrar en 2024 con la intervención de la compañía y la entrada de la Superintendencia de Servicios Públicos como agente especial. Liquidar, en el lenguaje mercantil colombiano, significa cesar la existencia jurídica de la sociedad, asumir el pasivo y decidir qué se hace con los activos y los contratos.
Hay al menos tres preguntas que el Ejecutivo aún no ha respondido con documento público.
Primera: quién presta el servicio mañana. Air-e atiende cerca de 1,1 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, según cifras que el Ministerio de Minas y Energía ha manejado en sus informes de gestión. Si la empresa entra en liquidación, la operación no puede quedar en el vacío. El Gobierno deberá explicar si la transición la asume Electricaribe —ya liquidada— en su figura remanente, si se crea un nuevo operador público o si se convoca a privados. Cada ruta tiene tiempos regulatorios distintos ante la CREG y la Superintendencia.
Segunda: qué pasa con la deuda. Air-e acumuló pasivos con generadores, transmisores y bancos. Una liquidación sin un plan de pagos conocido puede terminar trasladando el costo a los usuarios vía tarifa o al Presupuesto Nacional vía aportes del Ministerio de Hacienda. La Bitácora ha sido insistente en que este tipo de decisiones requieren cifras, no anuncios.
Tercera: el precedente. El Caribe ya vivió un apagón institucional con Electricaribe. La liquidación de 2018 dejó a la región durante años con operadores transitorios, pérdidas técnicas superiores al 25% y tarifas entre las más altas del país. Si la nueva liquidación no corrige lo que la anterior dejó mal, el resultado será el mismo con distinto sello.
El anuncio presidencial también se inscribe en una discusión mayor: el modelo de prestación del servicio en zonas con pérdidas elevadas y consumo subsidiado. La Guajira, con los índices de cobertura más bajos del país, no se resuelve con un tuit. Se resuelve con inversión en redes, en medición y en generación local, rubros que dependen de la regulación de la CREG y de la ejecución presupuestal del Ministerio de Minas.
La Bitácora no objeta que un Gobierno liquide empresas inviables. Objeciona que se haga sin un plan técnico publicado, sin un cronograma de transición y sin claridad sobre quién asume los pasivos. La continuidad del servicio eléctrico no es un asunto de trinos: es un deber del Estado fijado en los artículos 365 y 367 de la Constitución.
El Gobierno tiene la palabra. Y los usuarios del Caribe, la factura.