El presidente Gustavo Petro llegó este 10 de junio a Nueva York para asumir la presidencia pro témpore del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según confirmó la Casa de Nariño a través de sus canales oficiales. La información, reportada por Infobae Colombia, sitúa al jefe de Estado en la sede de la ONU en un momento particularmente sensible de la política interna.
La presidencia rotativa del Consejo de Seguridad es un procedimiento ordinario. Cualquier Estado miembro no permanente puede ejercerla por un mes, en orden alfabético o según el reglamento interno. Colombia ocupa uno de los asientos no permanentes para el período 2025-2027, tras ser elegida en la Asamblea General de junio de 2024 con 180 votos. Presidir la sesión de junio corresponde, por lo tanto, a una función institucional, no a un reconocimiento excepcional.
Conviene recordar este punto porque la narrativa oficial tiende a presentar la gestión como un logro personal. La Cancillería, entonces a cargo de Luis Gilberto Murillo, ejecutó la campaña diplomática. La bancada del gobierno en el Congreso sostuvo el respaldo. El mérito es colectivo y, en buena medida, heredado de la política exterior de las últimas dos décadas, que mantuvo a Colombia como un aliado estable de Washington, un actor comprometido con el sistema multilateral y un socio técnico en asuntos de paz y drogas.
La pregunta razonable es qué va a decir Petro desde la silla del Consejo. En los últimos meses, el gobierno ha profundizado su alejamiento de la institucionalidad estadounidense, ha cuestionado la lucha contra el narcotráfico como instrumento de subordinación y ha acercado posiciones con regímenes que este medio considera autoritarios. Presidir el Consejo de Seguridad no es una tribuna para reproducir esa agenda; es una responsabilidad con el ordenamiento internacional que el propio Estado colombiano ayudó a construir.
Mientras el presidente habla en Nueva York, en Bogotá se acumulan expedientes sin resolver. La reforma a la salud sigue suspendida en la Corte Constitucional. La reforma pensional avanza con sombras técnicas que la Corte ya comenzó a analizar. La contratación directa sigue creciendo, según los reportes de la Contraloría, y la fuerza pública enfrenta un rearme de grupos disidentes que el proceso de paz total no ha logrado contener. Ninguno de estos frentes aparece priorizado en la agenda pública con la misma intensidad que el protagonismo internacional.
También resulta pertinente subrayar que la diplomacia presidencial funciona cuando está respaldada por un gobierno que entrega resultados. Las elecciones de 2026 se acercan, los indicadores de seguridad han desmejorado y la inversión extranjera espera señales de previsibilidad. Un discurso en la ONU puede generar titulares, pero no sustituye la política pública.
Colombia se beneficia cuando su presidente se sienta en instancias multilaterales. Se perjudica cuando esa participación se usa como escenario de polarización interna. La presidencia del Consejo de Seguridad debería aprovecharse para reafirmar el compromiso con el sistema interamericano, con la cooperación judicial transfronteriza y con la lucha contra el crimen organizado, no para reabrir debates ideológicos que nada tienen que ver con el mandato del órgano.
La expectativa, entonces, es de contenido, no de gestos. El mundo mira a quien preside el Consejo. Colombia entera mira a su presidente.