¿Es la fiesta de la Virgen del Carmen una simple anécdota calendárica, o revela algo más profundo sobre el alma política de Colombia? El 16 de julio pasó este año como cualquier martes laborable en Valledupar y en la mayor parte del país, mientras al otro lado de la cordillera de los Andes Chile entero suspendía sus actividades. La pregunta no es menor: ¿qué dice de una república que conserva la devoción pero renuncia a la pausa pública?
El contraste es llamativo. En Chile, la Ley 20.148 consagra a la Virgen del Carmen como patrona y “Reina de Chile”, convirtiendo la fecha en festivo nacional. Colombia, donde la misma advocación mariana cuenta con arraigo secular en regiones como el Cesar, no reconoce equivalente estatus jurídico. Los vallenatos madrugaron a trabajar; los chilenos, en principio, no. La asimetría no responde a diferencias de piedad —ambos países son mayoritariamente católicos— sino a distintas maneras de negociar lo religioso en el espacio público.
Aquí conviene recordar lo que Tocqueville observó sobre la democracia estadounidense: el cristianismo allí no gobierna, pero informa las costumbres. Colombia ha transitado una senda más ambigua. La Constitución de 1991 proclamó un Estado laico sin ser confesionalmente hostil; sin embargo, la práctica institucional ha tendido a la reticencia, casi a la vergüenza, ante cualquier concesión pública al catolicismo. No se trata de establecer una teocracia menor, como temen los laicistas más ortodoxos. Se trata de reconocer que ciertas fechas concentran memoria colectiva y que ignorarlas no neutraliza, sino empobrece, el tejido social.
La opacidad del calendario festivo colombiano merece escrutinio. Contamos con días feriados de origen religioso —Navidad, Reyes, Todos los Santos, Inmaculada— pero también con conmemoraciones de dudosa resonancia popular que parecen producto de negociación legislativa más que de tradición viva. La selección no responde a criterio transparente. ¿Por qué la Epifanía y no el Carmen? ¿Por qué el Día de la Raza, rebautizado con eufemismos, y no una fecha que millones de colombianos celebran con procesiones y caravanas? El criterio parece político en el peor sentido: arbitrario, reactivo, desconectado de la vida real de las comunidades.
Chile, por su parte, resolvió la tensión de otra manera. Su festivo no impone la misa a nadie; simplemente reconoce que una fecha determinada estructura la identidad nacional de manera irrenunciable. No es necesario ser creyente para comprender que ciertos ritmos calendáricos funcionan como puntos de anclaje civilizatorio. Arendt, en su análisis del totalitarismo, subrayaba cómo la destrucción de las tradiciones comunes precede a la atomización del individuo. No sugerimos que Colombia camine hacia el totalitarismo; sí que la erosión gradual de referentes compartidos tiene un costo que los liberales clásicos debemos ponderar con seriedad.
La oposición a los festivos religiosos suele invocar la productividad. El argumento económico, sin embargo, es selectivamente aplicado. Se lamentan los días no laborables cuando provienen de la iglesia, no cuando celebran batallas o independencias cuya significación histórica muchos ciudadanos apenas pueden articular. La inconsistencia del criterio sugiere que lo que realmente opera es un prejuicio cultural, no un cálculo racional. El antídoto contra ese sesgo, como en otros ámbitos, es documentar: los países con más festivos religiosos no correlacionan necesariamente con menor desarrollo económico.
Reconozcamos, no obstante, la complejidad. Colombia es una república plural, con comunidades indígenas, protestantes, afro, secularizadas, que no se reconocen en una sola advocación mariana. Imponer el Carmen como festivo nacional desde el centro podría replicar el mismo centralismo que criticamos en otras materias. La solución, quizás, reside en la descentralización calendárica: que las regiones donde la devoción es viva —Valledupar entre ellas— puedan decidir su propio ritmo de pausa, sin esperar permiso de Bogotá. La res publica, mutatis mutandis, gana en autenticidad cuando respeta la diversidad de sus partes.
La madrugada vallenata del 16 de julio, lejos de ser mero reclamo de descanso, interpela a Colombia sobre algo que prefiere eludir: la relación entre memoria, identidad y reconocimiento institucional. Ignorar la pregunta no la disuelve. Solo la aplaza, para que alguien, en algún momento, la formule con la precisión que merece.