¿Existe alguna economía latinoamericana que no haya nacido bajo el signo de la extracción? La pregunta, formulada por Ana Guzmán León en una reflexión reciente, no admite respuesta sencilla: desde las minas de Potosí en 1545 hasta los yacimientos actuales, nuestra historia económica parece condenada a repetir el mismo guion con distintos actores. Pero la permanencia de un fenómeno no legitima su inevitabilidad. Lo que nos corresponde examinar es si la alternativa al extractivismo es una utopía irrealizable o una posibilidad que exige, ante todo, dejar de confundir la abundancia natural con la prosperidad compartida.
La observación de Guzmán León sobre el giro conceptual operado entre los siglos XVI y XVII resulta particularmente iluminadora. Cuando la naturaleza dejó de concebirse como organismo vivo para transformarse en máquina disponible, según el registro citado del investigador Francisco Serratos, se sentó una premisa que aún rige nuestras políticas públicas: que la materia bruta carece de valor intrínseco hasta que es convertida en mercancía por el trabajo ajeno. Esta operación intelectual no fue neutra. Permitió que la plata de Potosí financiara el capitalismo global mientras sus mineros morían de silicosis, y que hoy el litio colombiano o el cobre chileno alimenten la transición energética de naciones que jamás han pisado nuestros salares. La asimetría no es accidental: es constitutiva del modelo.
La denominada “maldición de los recursos” —esa paradoja por la cual los territorios más ricos son los más pobres y violentos— no se explica por la mera presencia de minerales o petróleo, sino por la institucionalidad que rodea su aprovechamiento. Tocqueville, en su análisis de la democracia en América, ya advertía que las leyes forman más que las costumbres: dan forma a los intereses. Cuando el derecho de propiedad sobre el subsuelo se concentra en el Estado sin mecanismos de rendición de cuentas localizados, cuando las regalías se evaporan en burocracias distantes, cuando la consulta previa se convierte en trámite y no en diálogo, el extractivismo deja de ser opción económica para convertirse en estructura de poder. No extraña entonces que, como señala Guzmán León, América Latina sea la región más cara para comer sano a pesar de ser la principal exportadora de alimentos.
El período de la Gran Aceleración, entre 1945 y 1980, ilustra con crudeza esta lógica. Los combustibles fósiles llegaron a representar tres cuartas partes de las materias primas exportadas por la región, según el estudio académico citado por la autora, pero la destrucción de ecosistemas no tuvo contrapartida en bienestar generalizado. Lo que Karl Popper denominaría la sociedad abierta —aquella donde las instituciones permiten la corrección de errores mediante el debate público— quedó suspendida en nuestros países cada vez que una empresa estatal o privada obtuvo concesiones bajo reserva legal. La transparencia es incompatible con el extractivismo rentista: uno requiere ciudadanos informados, el otro depende de la opacidad para maximizar ganancias coyunturales.
Costa Rica, mencionada por Guzmán León como caso excepcional, ofrece una lección que no debe simplificarse. Su recuperación forestal no procedió de la renuncia al desarrollo económico, sino de la diversificación deliberada: incentivos al turismo sostenible, inversión en educación ambiental, restricciones legales con mecanismos de vigilancia funcionales. En términos de Hannah Arendt, se trata de un ejemplo donde la política —el espacio de aparición donde los ciudadanos deliberan sobre su condición común— logró imponer límites a la sociedad de consumo. Pero Costa Rica es pequeña, carece de petróleo significativo, y su éxito no escala automáticamente a naciones con mayor complejidad territorial y mayores presiones geopolíticas. El reconocimiento de esta limitación no es cinismo: es prudencia analítica.
El gobierno colombiano actual ha insistido en la transición energética como horizonte, y en eso hay un acierto que este medio reconoce cuando existe. Sin embargo, la transición no puede ser mero reemplazo de commodities: petróleo por litio, carbón por hidrógeno verde. Eso sería mutatis mutandis la misma estructura con otros actores. Lo que Guzmán León propone —“refundar nuestras mentes”— exige algo más arduo: reconstruir la noción de que el bienestar humano depende de una naturaleza sana no como eslogan, sino como principio organizador del derecho económico. Las áreas protegidas no pueden seguir siendo islas en un océano de extracción; deben ser el patrón que informe toda planificación territorial.
La res publica, en su sentido clásico de cosa pública, exige que los beneficios de lo común lleguen efectivamente a los comunes. Los colombianos debemos preguntarnos, sin retórica, si estamos dispuestos a pagar los costos de transición que implica esta refundación: menor dependencia de regalías, mayor inversión en capital humano, paciencia institucional para que la diversificación productiva madure. La alternativa no es el extractivismo o la pobreza, como nos han hecho creer durante siglos. La alternativa es la democracia económica o la perpetuación de una riqueza que siempre se vuelve en contra de quienes la habitan.