¿Qué distingue a una ciudad que aspira a ser escenario del mundo de una que meramente lo anhela? La pregunta no es retórica: Barranquilla, con su tradición carnavalera y su puerto histórico, ahora intenta anclar en su territorio una válida de IndyCar, la segunda competencia de automovilismo más importante de Estados Unidos. El alcalde Alejandro Char anunció avances técnicos, citó a ingenieros de Tilke —la firma alemana que diseñó circuitos emblemáticos del planeta— y proclamó en redes sociales que la ciudad “calienta motores”. La frase, inevitablemente publicitaria, encubre sin embargo un asunto más grave: la tensión entre el deseo de proyección internacional y la capacidad institucional de sostenerlo en el tiempo.
Los colombianos hemos visto antes este guion. La fórmula es conocida: anuncio espectacular, foto con delegación extranjera, promesa de desarrollo turístico y deportivo, luego el silencio o el fracaso. La diferencia, en este caso, radica en dos elementos que merecen atención. Primero, la presencia de Juan Manuel Correa como asesor deportivo del proyecto: un piloto con experiencia real en la categoría, cuya voz no puede reducirse a mero aval publicitario. Segundo, el compromiso explícito de que la carrera no sería evento aislado sino “permanente”, es decir, una inserción estructural en el calendario de la IndyCar. Eso exige algo más que voluntad política: exige regulación clara, contratos blindados, infraestructura urbana que resista el uso y, sobre todo, una institucionalidad local capaz de trascender los ciclos electorales.
Marco Jacott, representante de Tilke, declaró al medio que el objetivo es un trazado “seguro, atractivo para los pilotos y con proyección internacional”. La triple condición no es casual. La seguridad remite a responsabilidad civil y estándares de ingeniería que en Colombia han tenido historias dispares; la atracción para pilotos depende de la calidad técnica del diseño, no de la retórica; la proyección internacional, finalmente, supone que el evento sea transmitido, comentado, valorado por audiencias que ignoran los límites administrativos de una alcaldía. Barranquilla compite aquí no con Cartagena o Medellín: compite con Toronto, con Long Beach, con São Paulo.
La iniciativa, no obstante, no surge en el vacío. La ciudad ya acumula experiencia en grandes eventos: la final única de la Copa Sudamericana en noviembre próximo, la modernización del estadio Metropolitano para recibir a 65.000 espectadores, la histórica función como sede de eliminatorias mundialistas. Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, calificó esa infraestructura como “una herramienta para el país”. La frase, aunque pronunciada en otro contexto, ilustra algo que los dirigentes locales a veces olvidan: el capital deportivo de una región no le pertenece exclusivamente; es patrimonio distribuido que exige reciprocidad nacional.
Aquí emerge el riesgo que Tocqueville habría reconocido con inquietud: el populismo municipalista, la tentación de confundir la obra visible con el bien común duradero. Un circuito de IndyCar es, ante todo, una alteración del espacio urbano que afecta a miles de ciudadanos no consultados. El tráfico desviado, el ruido, la especulación inmobiliaria aledaña, la concentración de recursos públicos en un sector privilegiado: estos costes no aparecen en los comunicados de prensa. Si la administración de Char no transparenta los estudios de impacto, si no establece mecanismos de rendición de cuentas independientes del ciclo electoral, el proyecto correrá la suerte de tantas otras promesas grandilocuentes del desarrollo colombiano.
La pregunta central, entonces, no es si Barranquilla puede traer una carrera de IndyCar. Técnicamente, con recursos suficientes, cualquier ciudad podría. La pregunta es si está dispuesta a pagar el precio institucional de ser sede permanente: la previsión, la legalidad, la continuidad administrativa que exige un compromiso de largo plazo con actores privados internacionales. Como señaló Karl Popper en otro registro, las sociedades abertas se distinguen no por la magnitud de sus proyectos sino por su capacidad de corrección ante el error. Barranquilla tendrá ocasión de demostrarlo: o construye una institucionalidad deportiva robusta, o “calienta motores” que nunca arrancarán del todo.
El cierre de esta historia aún no se escribe. Pero los colombianos debemos exigir que no sea simplemente otro capítulo de la política del anuncio, sino un caso de cómo el entusiasmo local, bien canalizado, puede traducirse en arraigo institucional. La alternativa —el espectáculo fugaz, la foto, el olvido— ya la conocemos demasiado bien.