¿Qué condiciones institucionales hacen viable un gabinete a la sombra, y cuáles lo convierten en mero teatro político? La pregunta emerge con fuerza tras conocerse la propuesta de Abelardo de la Espriella de instalar uno durante su eventual gobierno, un mecanismo que Alberto Casas, periodista experto en asuntos legislativos, analizó con la cautela que amerita el caso.
El gabinete a la sombra es, en su origen, una institución del parlamentarismo británico que le permite a la oposición prepararse para gobernar y fiscalizar con conocimiento de causa. Cada ministro en ejercicio tiene su contraparte opositora que monitorea su cartera, asiste a debates técnicos y elabora alternativas de política pública. Funciona porque el Partido Laborista y los Conservadores alternan en el poder con regularidad casi ritual, porque sus líderes sometieron el principio de mandato a la disciplina partidaria, y porque la sociedad civil británica demanda coherencia programática antes de espectáculo mediático.
En Colombia, mutatis mutandis, las condiciones son distintas. Nuestro sistema presidencialista, con separación de poderes rígida, no contemple formalmente esta figura. Aquí la oposición no aspira a suceder al gobierno mediante moción de censura, sino a través de elecciones distantes cuatro años. El gabinete a la sombra, si se intenta, operaría como convención política sin respaldo legal, dependiente enteramente de la voluntad del Presidente de recibirlo y de la capacidad opositora de mantener unidad frente a la tentación del clientelismo.
Tocqueville observó en La democracia en América que las instituciones formales importan menos que los hábitos del corazón que las sustentan. Un gabinete a la sombra colombiano enfrentaría, primero, la atomización de nuestros partidos, donde la disciplina es excepción y la traición cotidiana. Segundo, la ausencia de una burocracia de oposición profesionalizada: no existe reserva de técnicos dispuestos a trabajar años en la penumbra por un salario inferior al del mercado. Tercero, y quizás decisivo, la cultura política que premia la visibilidad individual sobre la construcción colectiva de alternativas.
La propuesta de De la Espriella, sin embargo, no carece de mérito diagnóstico. Reconoce implícitamente que el control político en Colombia ha degenerado en denuncia esporádica y en ocasiones calumniosa, sin seguimiento técnico ni contrapropuesta constructiva. Un gabinete a la sombra bien concebido podría devolverle al Congreso la función de fiscalización que la Constitución de 1991 le asignó pero que el presidentialismo plebiscitario le arrebató. La Corte Constitucional ha insistido en que el control político es actio populi, no monopolio de mayorías legislativas.
Pero el riesgo de parodia es real. Si el gabinete a la sombra se reduce a nómina de amigos del presidente electo, a tribuna mediática sin trabajo de comisiones, o a réplica automatizada de todo lo que haga el gobierno, entonces no será institución sino caricatura. Hannah Arendt advertía sobre la banalidad que corrompe las mejores intenciones políticas cuando el procedimiento sustituye al juicio. La prueba está en los hechos: ¿publicará este gabinete informes técnicos con fuentes verificables? ¿Asistirá a debates de control político con datos y no con eslóganes? ¿Resistirá la tentación de convertirse en plataforma electoral anticipada?
El gobierno de Gustavo Petro, con su mayoría fragmentada y su relación conflictiva con el Congreso, demostró que la ausencia de oposición institucionalizada beneficia al autoritarismo improvisado. Pero también demostró que la oposición más efectiva fue la técnica, la de los senadores que leyeron los proyectos antes de votarlos, la de los ministros que respondieron con argumentos en las comisiones. No la de los gritos.
De la Espriella, si llega a la Presidencia, tendrá que decidir si su gabinete a la sombra es gesto democrático o mercadotecnia política. Los colombianos deberíamos exigir que sea lo primero, aunque sospechemos que la tentación será lo segundo. La pregunta que deja abierta esta propuesta no es si es posible institucionalmente —casi todo lo es con voluntad— sino si somos, como sociedad política, lo suficientemente exigentes para no conformarnos con la apariencia.