Julián Moreno Barón plantea en La República la necesidad de construir una nueva Política de Propiedad Estatal para Colombia, orientada —dice— a una nueva generación de empresas públicas. La columna es breve, casi programática, y por eso mismo invita a formular la pregunta que toda propuesta de este tipo debe responder antes de avanzar: ¿por qué habría de funcionar ahora lo que no funcionó antes?
La historia colombiana de empresas estatales no es precisamente un inventario de éxitos. Telecom fue desmantelada tras años de ineficiencia y captura burocrática. Las electrificadoras departamentales acumularon pasivos que terminaron socializados. Satena sobrevive con subsidios cruzados. Ecopetrol, la joya de la corona, ha resistido gracias a blindajes técnicos construidos durante décadas, pero incluso allí las presiones por nombramientos políticos son constantes. No se trata de un problema de intención: se trata de un problema de diseño institucional.
La propiedad estatal de empresas productivas enfrenta en Colombia —como en casi toda América Latina— dos riesgos estructurales. El primero es la captura clientelar: la tentación de convertir las juntas directivas en botín político, de usar las nóminas como mecanismo de redistribución partidista, de subordinar las decisiones de inversión a calendarios electorales. El segundo es la ausencia de disciplina de mercado: sin riesgo de quiebra ni presión accionaria, las ineficiencias se acumulan hasta que el contribuyente paga la cuenta.
La experiencia internacional ofrece lecciones, pero también advertencias. Noruega administra Equinor (antes Statoil) con criterios técnicos rigurosos, pero lo hace en el marco de un Estado de derecho sólido, una tradición de transparencia presupuestal y una cultura política que castiga electoralmente la corrupción. Singapur maneja Temasek Holdings con profesionalismo corporativo, pero dentro de un sistema meritocrático que excluye sistemáticamente el clientelismo. ¿Tiene Colombia esas precondiciones? La pregunta no es retórica.
Moreno Barón no detalla qué sectores imagina para esa nueva generación de empresas públicas, ni bajo qué marco de gobernanza operarían. Esa omisión es significativa. Porque el problema no es si el Estado puede ser propietario —claro que puede—, sino si el Estado colombiano, con sus fragilidades institucionales actuales, está en condiciones de administrar empresas sin convertirlas en extensiones del aparato político. La carga de la prueba recae sobre quien propone expandir la propiedad estatal.
Una Política de Propiedad Estatal seria debería incluir al menos tres blindajes: primero, criterios técnicos y transparentes para nombramientos en juntas directivas, con períodos fijos no coincidentes con el ciclo electoral; segundo, auditorías externas obligatorias y publicación de estados financieros con estándares internacionales; tercero, cláusulas de salida automática cuando una empresa acumule pérdidas sostenidas durante cierto período. Sin esos resguardos, lo que se construye no es una política de desarrollo: es una nueva oportunidad para la captura.
El debate sobre el rol del Estado en la economía es legítimo y necesario. Pero debe partir de un diagnóstico honesto: Colombia no ha demostrado capacidad para administrar empresas públicas sin politizarlas. Antes de proponer una nueva generación, convendría explicar qué aprendimos de las anteriores y qué haremos distinto esta vez. De lo contrario, el acelerador del desarrollo que imagina Moreno Barón podría terminar siendo, una vez más, el acelerador del déficit fiscal.