¿Es posible extraer hidrocarburos no convencionales sin degradar el medio ambiente? La pregunta, que parece técnica, ha irrumpido con fuerza en la campaña presidencial colombiana desde que José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y figura clave en la fórmula de Abelardo de la Espriella, propuso lo que denomina “fracking sostenible”. La reacción fue inmediata: la senadora Esmeralda Hernández lo calificó de “falso”, y Gustavo Bolívar desplegó una metáfora elocuente: “es como talar un bosque sin cortar árboles”. Detrás de la polarización, sin embargo, asoma un problema de filosofía política que los colombianos hemos eludido demasiado tiempo: ¿qué significa realmente sostenibilidad cuando el Estado necesita recursos que la naturaleza parece negar?
Restrepo no habla a la ligera. En su defensa, citó experiencias de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, México y Argentina, y apeló incluso a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para sostener que la tecnología actual permite la extracción con criterios ambientales rigurosos. Más significativo aún, presentó a Sandra Bessudo, ambientalista con formación en la École Pratique des Hautes Études, quien estableció condiciones precisas: pozos con estándares técnicos elevados, monitoreo permanente de aguas, control de fugas de metano, y —esto es crucial— exclusión absoluta de ecosistemas estratégicos como páramos, acuíferos y selvas. La propuesta, lejos de ser un cheque en blanco al extractivismo, contiene una delimitación territorial explícita.
Aquí conviene recordar a Karl Popper cuando distinguía entre utopías constructivistas y reformas piecemeal. La primera postura niega que un sistema imperfecto pueda mejorarse; la segunda, que él defendía, asume que la perfección es enemiga del bien posible. Los críticos del fracking, en su versión más radical, incurrirían en el constructivismo negativo: si la actividad no es inocua al cien por ciento, no debe permitirse. Pero esta lógica, aplicada consistentemente, proscribiría también la agricultura intensiva, la hidroelectricidad o el transporte aéreo. Tocqueville advirtió que las democracías modernas tendían a querer el bien sin tolerar los medios necesarios para alcanzarlo. La pregunta pertinente no es si el fracking tiene riesgos —los tiene—, sino si esos riesgos pueden mitigarse de manera que el beneficio social supere el coste ambiental controlado.
No obstante, la sospecha hacia Restrepo no surge del vacío. Fue ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque, cuya gestión ambiental deja mucho qué desear: aumento de la deforestación, vulneración del Páramo de Santurbán, expansión de la minería criminal. La senadora Hernández no erró al señalar esa incoherencia. Un Estado que no ha demostrado capacidad de hacer respetar la ley en territorios remotos difícilmente garantizará que los “estándares más altos” se cumplan en la práctica. Hannah Arendt, en su análisis del totalitarismo, mostró cómo los regímenes más destructivos se sustentaban no en la ausencia de normas, sino en su inaplicación sistemática. Colombia no es totalitaria, pero sí padece una brecha crónica entre norma y hecho que deslegitima cualquier promesa regulatoria.
El verdadero dilema, entonces, no es tecnológico sino institucional. Canadá o el Reino Unido pueden permitirse el fracking no porque la técnica sea intrínsecamente inofensiva, sino porque poseen agencias ambientales con autonomía real, sistemas de monitoreo independientes y tribunales que funcionan. Colombia, donde la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ha sido politizada y los jueces ambientales enfrentan presiones múltiples, carece de esa infraestructura de confianza. Sin ella, la “sostenibilidad” corre el riesgo de convertirse en una etiqueta de marketing para prácticas convencionales.
Restrepo tiene razón en uno de sus puntos: el país no debe enfrentar una elección binaria entre crecimiento y ambiente. Pero sus críticos tienen razón en el otro: sin Estado de derecho ambiental, toda promesa de fracking sostenible es, mutatis mutandis, una promesa incumplida en ciernes. La lección que la campaña debería extraer no es quién gana el debate del día, sino que ninguna política energética será creíble mientras no reconstruyamos primero la credibilidad de quien debe vigilarla.