¿Puede sobrevivir una cultura sin memoria documentada, o condena su propia trivialización?
La pregunta surge al leer en El Pilón sobre el Primer Encuentro de Sabios Investigadores Científicos y Culturales del Vallenato, convocado en Valledupar por la Fundación Cocha Molina. No es, en rigor, una noticia extraordinaria: los encuentros académicos sobre cultura popular abundan, a veces con más entusiasmo que método. Pero hay algo en esta iniciativa que merece detenerse, porque toca una tensión persistente en nuestra vida republicana —la que existe entre lo que vive en la tradición oral y lo que exige la institución para reconocerlo como patrimonio.
Para los habitantes del Caribe colombiano, el vallenato constituye algo más que género musical. Es cosmovisión, memoria colectiva, forma de narrar una realidad que la historiografía oficial ha tendido a ignorar o a reducir. El problema, sin embargo, es que esta densidad simbólica no basta. Sin registro académico sistemático, sin tesis doctorales que la sometan a escrutinio intersubjetivo, la tradición queda a merced de dos peligros complementarios: la folklorización kitsch que la vende como mera mercancía festiva, y el desprecio institucional que la confina al museo o al olvido.
Según el reporte de El Pilón, la iniciativa es liderada por una gestora cultural que cursa estudios de doctorado en Sociedad y Cultura Caribe en la Universidad Simón Bolívar. El texto del medio valduparense destaca que este tipo de estudios contribuye a la “legitimación académica del género” y permite “trascender su percepción como mera expresión folclórica o festiva”. La cita merece atención: no es frecuente que un periódico regional reconozca con tal claridad que el reconocimiento institucional del vallenato pasa por la vía del rigor metodológico, no por la mera celebración identitaria.
Liderar un espacio que vincule el saber de juglares y sabios vallenatos con el conocimiento académico sistemático no es tarea de diletantes. Exige lo que Hannah Arendt llamaba el amor al mundo en su sentido más exigente: no la nostalgia sentimental, sino el juicio que preserva distancia crítica. El vallenato necesita de esta distancia. Necesita que alguien le pregunte, con la seriedad que se le pregunta a cualquier otro campo del saber, de dónde viene, qué funciones cumple, cómo muta, qué tensiones sociales expresa.
La legitimación académica del vallenato no es, pues, un capricho de especialistas. Es una condición de supervivencia. Cuando una tradición oral pasa al registro científico, no se esteriliza: se protege contra la arbitrariedad del mercado y del Estado. Popper, en su defensa de la sociedad abierta, insistía en que el conocimiento solo progresa mediante la crítica pública y la refutabilidad. Aplicado a la cultura, esto significa que el vallenato solo podrá defenderse contra la superficialidad comercial si existe un corpus de investigación que permita distinguir, con argumentos, entre su expresión auténtica y su parodia vacía.
La Fundación Cocha Molina, según el mismo reporte, cumple un rol que el Estado colombiano debería asumir con mayor consistencia. La protección del patrimonio cultural no puede reducirse a subsidios para festivos o a declaratorias de intangible que luego nadie verifica. Requiere inversión en investigación, en archivo, en formación de investigadores locales que no dependan de las modas académicas de Bogotá o de Madrid. La memoria viva, sin memoria documentada, es memoria condenada.
Hay, sin embargo, un riesgo que conviene nombrar. El academicismo excesivo puede matar lo que pretende conservar, transformando una cultura de performance en texto inerte. La tensión es real. Pero la solución no está en rechazar el método, sino en perfeccionarlo: en que la academia aprenda a escuchar antes de clasificar, y que los juglares comprendan que el rigor no es enemigo del alma. Tocqueville, al estudiar la democracia en América, supo combinar el respeto por lo particular con la exigencia del análisis. Ese equilibrio es el que el vallenato necesita ahora.
El encuentro de Valledupar, en su modestia, apunta a algo que los colombianos debemos valorar con más urgencia: la construcción de una res publica cultural donde lo popular no sea ni margen ni espectáculo, sino sujeto de derecho y objeto de conocimiento. La pregunta que queda flotando es si esta iniciativa será excepción o comienzo de algo más amplio. La respuesta depende, en buena medida, de si las universidades del Caribe —y las del país— están dispuestas a romper con la vieja costumbre de mirar hacia abajo.