¿Por qué en Colombia discutimos con obsesión cuánto recauda el Estado y casi nunca interrogamos qué hace con lo que ya posee? La pregunta, formulada con lucidez por Carlos Lemoine en una reciente columna de Cambio, revela una parálisis conceptual que nos cuesta más caro de lo que reconocemos. Durante décadas hemos asumido que la función pública se agota en tres gestos: gravar, gastar y, cuando la suerte acompaña, garantizar el orden. Esa trilogía reduce al Estado a contador de una casa cuyo tamaño ignora, administrador de un patrimonio cuyo valor desconoce.
Lemoine tiene razón al señalar que esta mirada deja fuera dos responsabilidades constitutivas del Estado moderno: la creación de riqueza y el cuidado de la vida. No como funciones alternativas, sino como dimensiones que se necesitan mutuamente. El argumento no es nuevo en la tradición que nos compete, pero en el contexto colombiano adquiere una urgencia particular. Aquí, la Nación administra uno de los patrimonios naturales más vastos de América Latina: subsuelo petrolero y minero, más de la mitad del territorio continental cubierto por bosques, una posición marítima aún subexplotada, y una red de infraestructura física e institucional acumulada durante siglos. Y sin embargo, como advierte el autor, “discutimos apasionadamente el déficit fiscal, pero casi nunca preguntamos cuál es el rendimiento del patrimonio público”.
La analogía que propone Lemoine es elocuente: es como administrar una empresa mirando únicamente el flujo de caja sin atender al balance patrimonial. Ningún empresario responsable procedería así. Conoce sus activos, protege su capital, invierte para hacerlo crecer. ¿Por qué el Estado habría de comportarse de otra forma? La pregunta, lejos de ser retórica, apunta a un déficit institucional que lastra nuestra modernización. No se trata de privatizar el patrimonio ni de convertir la naturaleza en mercancía, sino de construir un balance nacional riguroso que permita medir, gestionar y preservar el valor colectivo para las generaciones futuras.
Los ejemplos internacionales que cita Lemoine —Noruega con su fondo soberano, Singapur con Temasek y GIC, Botsuana con la administración disciplinada de sus diamantes— ilustran una verdad que solemos olvidar: la riqueza depende menos de los recursos disponibles que de la calidad con que se administran. En ese sentido, la economista Mariana Mazzucato ha hecho un servicio intelectual al recordarnos que el Estado no siempre fue mero regulador y recaudador. Las grandes innovaciones de nuestro tiempo —desde internet hasta las tecnologías de la salud— surgieron porque el Estado asumió riesgos que ningún inversor privado estaba dispuesto a correr. El Estado puede ser, cuando quiere y sabe, “un extraordinario creador de valor”.
Pero aquí es donde la propuesta de Lemoine adquiere una dimensión que trasciende el mero pragmatismo económico. El Estado moderno no solo debe crear riqueza; debe cuidar. Cuidar la salud, la infancia, la naturaleza, la confianza entre ciudadanos, la calidad institucional. Esta segunda función no es un apéndice sentimental del primer mandato. Como señala el economista Richard Layard, el bienestar psicológico, la esperanza de los jóvenes, la calidad de las relaciones humanas son indicadores fundamentales del progreso. Y, en términos que deberían interesar incluso al más austero de los utilitaristas, el cuidado produce riqueza: las sociedades con mayor confianza cooperan mejor, innovan más, reducen los costos de transacción. La polarización permanente y el deterioro de la salud mental, por el contrario, destruyen productividad y empobrecen a largo plazo.
Lemoine concluye con una imagen que merece detenerse: un círculo virtuoso donde los bienes colectivos permiten el desarrollo de las personas, las personas generan conocimiento nuevo, ese conocimiento se traduce en prosperidad, y esa prosperidad se invierte en cuidar mejor a las personas y en preservar los bienes comunes. Es una visión que rompe con la falsa dicotomía entre crecimiento económico y bienestar social, una oposición que, como dice el autor, “pertenece a una manera antigua de entender el desarrollo”.
No estoy seguro de que el gobierno actual esté en condiciones de emprender esta modernización. La tentación populista de usar el patrimonio como caja de resonancia electoral, la alineación con regímenes que han destruido rigurosamente sus instituciones patrimoniales, la retórica que confunde la crítica institucional con el desmantelamiento del Estado de derecho, todo ello pesa sobre la posibilidad real de reforma. Pero la oposición tampoco puede contentarse con proponer una reducción mecánica del Estado sin atender a qué Estado queremos reducir, ni a qué Estado queremos construir. La discusión del tamaño del Estado, como advertía Tocqueville sobre la democracia, es secundaria si no definimos primero su naturaleza.
Fuente: Carlos Lemoine, “Modernizar la idea del Estado”, Cambio