Hace poco más de un siglo, Tocqueville observaba en las costumbres de los norteamericanos algo que en Colombia seguimos aprendiendo a media marcha: la sociedad que no cultiva la vigilancia mutua deja en manos del aparato estatal una tarea que este raramente cumple con eficacia. La pregunta que nos deja la jornada del martes en el occidente de Bogotá no es, en rigor, por los diez vehículos despojados de espejos retrovisores en los sótanos de Plaza Claro. Es más incómoda: ¿qué ocurre con el espacio común cuando la comunidad se disuelve en la multitud espectadora y el Estado ausenta de los lugares donde, precisamente, confluye?
El hecho, documentado por Infobae Colombia, tiene la simplicidad de los síntomas graves. Durante el partido de Colombia contra Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, un grupo de delincuentes operó con relativa impunidad en los parqueaderos de un centro comercial concurrido. Los afectados descubrieron los daños al regresar, tras la eliminación en penales, a una realidad que no esperaban. La ausencia de vigilancia efectiva —según relataron los propios damnificados a la Policía— permitió la acción delictiva. No fue una irrupción violenta. Fue una explotación metódica de la distracción colectiva.
Aquí conviene detenerse. No para exigir, con retórica panfletaria, que el Estado garantice la seguridad de cada sótano comercial del país. Esa sería una demanda irreal y, en cierto modo, peligrosa: el Estado que todo lo vigila tiende, en la experiencia histórica, a ser el mismo que todo lo controla. El liberalismo clásico que este medio proclama distingue cuidadosamente entre la seguridad como función legítima del Estado y la seguridad como responsabilidad compartida de la sociedad civil. Pero esa distinción no absuelve al aparato público de su deber de presencia estratégica donde la concentración de ciudadanos lo hace predeciblemente necesario.
La Plaza Claro, en la carrera 68A con calle 24B, no es un callejón apartado. Es un punto de convergencia urbana deliberadamente diseñado para la afluencia masiva. Que los organizadores de la transmisión —y, en última instancia, las autoridades que autorizan y supervisan estas concentraciones— no hayan previsto la vulnerabilidad del entorno inmediato revela una falla de inteligencia preventiva que no podemos atribuir exclusivamente a la empresa privada. El contrato social, mutatis mutandis, exige que cuando el espacio privado se convierte en arena de lo público, las garantías de este último se extiendan o, al menos, se coordinen.
Los colombianos debemos preguntarnos, sin embargo, si nuestra propia conducta como colectivo no facilita estos escenarios. Arendt advertía sobre la banalidad de la complicidad en las sociedades donde la acción individual se diluye en la masa. No equiparo, evidentemente, el robo de autopartes con los horrores que ella analizó. Pero sí recupero su intuición: la multitud que mira en la misma dirección deja de mirar en otras. El espectáculo deportivo, fenómeno legítimo y valioso de agregación social, genera una paradoja que las ciudades modernas no han resuelto. La euforia compartida es también, temporalmente, una suspensión de la reciprocidad ciudadana.
La respuesta no está en renunciar a la euforia. Está en restaurar instituciones intermedias que la canalicen. La Policía Nacional, con sus Centros de Atención Inmediata, recibió las denuncias después del hecho. El diseño institucional privilegia la reacción sobre la anticipación. Esto no es necesariamente culpa de los uniformados en el CAI de turno; es, más bien, una estructura de prioridades que asigna recursos donde el ruido político exige, no donde el análisis preventivo sugiere. El gobierno actual ha tendido a instrumentalizar la fuerza pública para fines que no son los de la seguridad ciudadana ordinaria; cuando una administración politiza lo policial, lo ordinario —el parqueadero, el espejo retrovisor, la tranquilidad del vecino— se resiente.
No todo es crítica al ejecutivo. La oposición tampoco ha ofrecido, en materia de seguridad urbana, un modelo que trascienda la alternancia retórica entre mano dura y permisividad. Lo que se requiere es una política de seguridad basada en datos, en geografía delictual, en coordinación entre privados y públicos que no dependa de la buena voluntad ocasional. El caso de Plaza Claro, menor en su magnitud pero ilustrativo en su mecanismo, debería ser estudiado por las autoridades distritales como un patrón replicable: ¿dónde más se concentrará la distracción colectiva en los días venideros?
Cierro con una imagen que no deja de inquietar. Los afectados fueron a denunciar después del pitazo final, cuando la ilusión mundialista ya se había evaporado. En ese tránsito entre la frustración deportiva y la constatación del daño material, hay algo más que una mala jornada. Hay una metáfora de la ciudad que habitamos: entretenida, masiva, vulnerable. La res publica no se construye solo en los edificios institucionales. Se construye —o se deconstruye— en cada sótano donde la vigilancia mutua falla y el Estado que debía anticipar llega tarde, siempre tarde.