A dos días de la segunda vuelta presidencial, el Ministerio del Trabajo reportó 65 denuncias por presunto constreñimiento electoral contra empleadores en distintas regiones del país. El ministro Antonio Sanguino confirmó que sobre cada una de esas quejas se abrieron investigaciones administrativas que pueden derivar en sanciones, y anunció el traslado de los expedientes a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría, a la Misión de Observación Electoral y a observadores internacionales.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, elevó la cifra a 400 empresas denunciadas en su cuenta de X. La brecha entre los 400 casos que menciona el primer mandatario y las 65 quejas formalizadas ante la cartera laboral no fue explicada en la rueda de prensa, y conviene registrarla: una cosa son las denuncias ciudadanas acumuladas en redes y otra, las que cumplieron el trámite administrativo para activar competencias del Ministerio.
Según reportó El Heraldo, Sanguino sostuvo que las quejas involucran a “algunas empresas multinacionales y nacionales” cuyos directivos habrían utilizado su posición jerárquica para intentar influir en el voto de sus empleados. El ministro invocó el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo y recordó que el Código Penal contempla sanciones para quien coaccione al elector. La cartera, además, habría expedido una nueva circular y más de diez medidas preventivas para garantizar la libre concurrencia a las urnas el domingo.
Hay tres puntos que merecen atención más allá del comunicado.
Primero, la separación de funciones. Cuando el jefe de Estado publica una lista de empresas en la red social oficial y la cartera laboral, en simultáneo, abre indagaciones administrativas y compulsas copias, se mezcla un anuncio político con un procedimiento sancionatorio. El Ministerio del Trabajo tiene competencia para investigar violaciones al régimen laboral; la Fiscalía, para perseguir delitos contra los derechos políticos. Que ambos frentes se movilicen coordinados desde el Ejecutivo no es en sí irregular, pero sí exige transparencia sobre los nombres de las empresas y los hechos concretos, no solo sobre las cifras agregadas.
Segundo, el dato del constreñimiento. La MOE y distintas veedurías ciudadanas han documentado en elecciones anteriores presiones patronales en zonas rurales y en sectores de servicios. Sin embargo, el número de 400 casos en una sola jornada exige verificación independiente antes de convertirse en narrativa dominante. Hasta ahora, la única fuente de la cifra global es el mensaje del presidente en X.
Tercero, el momento. Expedir circulares, abrir indagaciones y remitir expedientes a la Fiscalía a 48 horas de la elección puede leerse como una respuesta institucional legítima o como un movimiento de presión política, según a quién se aplique y con qué debido proceso. La presunción de inocencia y el principio de objetividad pesan del lado del Gobierno, y este deberá demostrarlo con nombres, expedientes y resoluciones, no con cifras de tarima.
¿Qué hacen las autoridades en estas 48 horas? El Ministerio del Trabajo cumple una función de vigilancia de la relación laboral, y en principio eso es buena noticia para la democracia. Que el cumplimiento de esa función se comunique con el ritmo de un acto proselitista, en cambio, abre un interrogante sobre el uso del aparato institucional en plena jornada electoral.