La operación militar del 29 de junio en Tacoyó, corregimiento de Toribío (Cauca), terminó con la muerte de Juan Diego Palta Montero, conocido como alias Ñeque o Juaco, junto a otros tres integrantes de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, disidencia del Estado Mayor Central que las autoridades atribuyen a la jefatura de alias Iván Mordisco. Cambio reportó que Ñeque había ganado peso dentro de la organización tras la muerte de alias Mi Pez y que operaba como mano derecha de alias Marlon, cabecilla abatido una semana antes.
El expediente judicial que acompañaba a Ñeque muestra la dimensión transnacional del problema. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura, y sobre él pesaba una solicitud de extradición con cargos federales: intento de apoyo material a organización terrorista extranjera, conspiración para narcoterrorismo, fabricación y distribución de cocaína destinada a importación ilegal hacia Estados Unidos y conspiración para poseer armas de fuego y explosivos en promoción de actividades de narcotráfico. En Colombia, según la misma información, tenía órdenes de captura vigentes por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, expedidas por juzgados de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
El Gobierno, por su parte, lo señala como responsable de las amenazas dirigidas al presidente Gustavo Petro durante la escalada violenta en el suroccidente colombiano. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, vinculó la operación con la estrategia oficial contra el mando disidente en el Cauca y anunció el despliegue adicional de tropas.
Lo que interesa desde el ángulo judicial es otra pregunta. Cuando en menos de quince días caen dos cabecillas de la misma estructura — Marlon primero, Ñeque después — la consecuencia operativa suele ser una reorganización interna acelerada o una cooptación de frentes vecinos. La Defensoría del Pueblo ha documentado este patrón en alertas temprantes: los grupos armados ilegales tienden a resolver los vacíos de poder mediante ascensos internos o fusión de bloques, lo que en el corto plazo produce fragmentación violenta y, en el mediano, recomposición bajo nuevas jefaturas. La pregunta es si la Fiscalía y la Judicatura alcanzan a judicializar a esos reemplazos antes de que se consoliden, o si el ciclo se repite: capturas reactivas, extradiciones sin efecto práctico, expedientes que mueren con el objetivo.
El expediente de Ñeque ilustra una doble vía procesal que conviene revisar. Tenía imputaciones en la justicia ordinaria colombiana (concierto para delinquir, terrorismo, porte de armas de uso privativo) y, en paralelo, cargos federales estadounidenses por narcoterrorismo. La cooperación bilateral en extradiciones ha funcionado mejor cuando los cabecillas están identificados y judicializados en ambos países. Cabe preguntarse si las solicitudes de captura con fines de extradition se activaron antes de la operación o solo después de conocido el deceso. La diferencia no es retórica: una neutralización con expediente vivo tiene valor disuasorio; un cierre póstumo es apenas registro histórico.
Queda, además, el componente político de las amenazas al primer mandatario. Si, como afirma el Gobierno, Ñeque era el responsable de esas amenazas, la operación neutraliza a quien habría atacado de forma directa la institucionalidad. Esa afirmación, por su gravedad, exige respaldo probatorio público. La confianza en los operativos militares depende tanto de su eficacia táctica como de la transparencia judicial sobre los motivos que los justifican.
La sucesión de cabecillas en el Cauca es un problema de política criminal tanto como de orden público. Si las próximas generaciones de líderes disidentes enfrentan el mismo destino que Ñeque sin que la justicia colombiana haya alcanzado a judicializarlos antes de su caída, el ciclo continuará.
Columna de Catalina Restrepo Mejía para La Bitácora.