El alcalde de Quinchía, Jader de Jesús Clavijo Bañol, anunció por el canal local Quinchía Televisión una iniciativa para imponer comparendos a los ciudadanos que suministren alimento o agua a cinco perros callejeros que, según el propio mandatario, persiguen motociclistas y generan acumulación de desechos en el casco urbano. La propuesta, rechazada por la senadora Andrea Padilla como ilegal, devolvió al debate nacional una pregunta que los municipios del país llevan años sin responder: quién asume la responsabilidad sobre los animales en condición de calle.
Lo que la propuesta revela es, sobre todo, lo que omite. Antes de sancionar a quienes alimentan a los animales, la administración municipal debería demostrar que cumple con las obligaciones que la ley le impone. La Ley 1774 de 2016 —conocida como ley Ángel— y las normas que la han desarrollado establecen responsabilidades específicas para los entes territoriales en materia de bienestar animal. Como reportó El País, la senadora Padilla formuló las preguntas básicas que cualquier ciudadano puede plantear: cuántas esterilizaciones se han practicado, qué servicios veterinarios se prestan a los animales sin hogar, si existe un centro de bienestar animal o convenio con una fundación legalmente constituida, y cómo avanza la implementación de la citada ley.
La iniciativa invierte la lógica de la política pública. En lugar de atacar las causas del abandono —esterilización masiva, atención veterinaria, campañas de adopción, educación en tenencia responsable—, traslada el costo a la ciudadanía solidaria. Multar a quien dispensa agua en temporadas de altas temperaturas no reduce la población callejera; la condena a morir de sed en la vía pública. La propia Padilla fue directa en su mensaje —citado por El País— al advertir que el cuidado de los animales sin hogar es obligación del municipio, en cabeza del alcalde.
El episodio expone un vacío recurrente en los municipios de categorías 4, 5 y 6 del país. Quinchía, con cerca de 30.000 habitantes y un presupuesto limitado, no es una excepción: la mayoría de los gobiernos locales carecen de centros de bienestar animal, de programas sostenidos de esterilización y de articulaciones con organizaciones de la sociedad civil. Cuando el problema se vuelve visible —una jauría que cruza calles, un perro que muerde, una queja vecinal—, la respuesta más rápida suele ser la prohibición o la sanción, no la inversión.
Desde el punto de vista jurídico, la advertencia de la congresista tiene respaldo normativo. Los municipios son responsables del cuidado de los animales en condición de calle dentro de su jurisdicción, y los daños que ocasione fauna no atendida por negligencia institucional pueden recaer sobre la administración, como sostuvo Padilla en su pronunciamiento público. Pretender invertir esa carga, trasladándola al ciudadano que alimenta, es jurídicamente insostenible.
El debate, en todo caso, no debería quedarse en la anécdota de Quinchía. La banda del Serrucho es un síntoma. Mientras no existan políticas municipales serias de control de natalidad canina y felina, de atención veterinaria pública y de adopción responsable, los mandatarios locales seguirán optando por el atajo punitivo. La pregunta que el Congreso debería formularse es cuántos de los más de 1.100 municipios colombianos cumplen efectivamente con las obligaciones que la ley les impone en bienestar animal. La respuesta, con alta probabilidad, explica por qué casos como el de Quinchía se repiten con regularidad.
Por ahora, la jauría seguirá recorriendo las calles del municipio, ajena a la polémica. Y el alcalde Bañol deberá decidir si prefiere invertir en soluciones estructurales o en comparendos que, según advirtió la congresista, no tienen sustento legal.