A menos de 24 horas de la segunda vuelta presidencial, el Gobierno ofreció hasta 1.000 millones de pesos de recompensa a quien entregue información que permita prevenir atentados contra los candidatos a la Casa de Nariño. La revelación la hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en un video difundido por esa cartera, en el que también anunció pagos de hasta 50 millones por denuncias de delitos electorales y de hasta 200 millones por datos sobre planes terroristas.
El esquema, en números, luce así: 50 millones para delitos electorales, 200 millones para prevenir atentados y 1.000 millones para proteger a los candidatos. Tres montos, tres líneas de denuncia, un mismo número: el 157. La gradualidad de las cifras sugiere una clasificación operativa de las amenazas que el Ministerio no ha detallado públicamente.
Sánchez entregó también el parte de despliegue: 408.000 uniformados en todo el país, de los cuales 248.000 custodian puestos de votación y jornada electoral, y 160.000 permanecen en operaciones de seguridad general. Las amenazas identificadas, según el ministro, se concentran en la corrupción al sufragante y en la alteración de la jornada, conductas sancionadas con penas de entre cuatro y nueve años de cárcel.
La pregunta obligada es por qué la recompensa más alta del paquete, 1.000 millones, se reservó para la protección de candidatos y no para los demás riesgos electorales. El dato revela, al menos, que la inteligencia estatal considera creíble la existencia de planes concretos contra los aspirantes. La sola activación de ese nivel de pago, sin antecedentes recientes en Colombia para esta clase de figuras, constituye un hecho político que merece lectura aparte del calendario electoral.
El Ministerio enmarcó la medida en un llamado a la prevención. Sánchez pidió votar temprano, no llevar celulares a los puestos —la captura de imágenes en el interior de los puestos está prohibida— y respetar los resultados. La frase que cerró su intervención, “su voto está protegido”, funciona como mensaje de orden público más que como consigna electoral: busca disuadir la abstención táctica que suelen provocar las alertas de violencia.
En lo operativo, la oferta de recompensa es un instrumento contemplado en el marco legal colombiano y depende del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Su eficacia depende de dos variables que el comunicado no aborda: la trazabilidad de la información recibida y la protección de quienes denuncien. En zonas con presencia de grupos armados, llamar al 157 no es una decisión trivial, y el Gobierno no explicó cómo se garantizará la reserva de quienes entreguen datos sensibles.
Queda una segunda lectura. La puesta en escena del viernes, con cifras exactas, número de contacto y uniforme desplegado, parece diseñada para enviar un mensaje paralelo al electorado y a los actores armados. A unos, confianza. A otros, la advertencia de que 1.000 millones de pesos es una cantidad suficiente para mover informantes en cualquier estructura criminal del país.
Como reportó El Heraldo, el ofrecimiento se da en la antesala de una jornada que ya enfrenta alertas de disturbios en Barranquilla y tres municipios del Atlántico, y que será custodiada con apoyo de drones, cámaras y el helicóptero Halcón de la Policía.
La democracia se defiende en las urnas. Pero cuando un gobierno debe poner precio a la cabeza del riesgo electoral, la anomalía deja de ser electoral y se vuelve, también, un asunto de Estado.