El 20 de agosto, a las 12:00 del mediodía, la Fiscalía 45 especializada contra la corrupción presentará ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá el escrito de acusación contra Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol. La diligencia fue fijada por el centro de servicios judiciales de Paloquemao, según reportó Semana y replicó El Universal de Cartagena. El delito atribuido es tráfico de influencias.
El expediente gira en torno al apartamento 902 del sector de Chicó, en el norte de Bogotá, donde Roa reside y ha atendido algunas diligencias judiciales, de acuerdo con la misma fuente. La Fiscalía sostiene que el inmueble habría sido adquirido por un valor inferior al de mercado, tomando como referencia informes catastrales citados por el ente acusador.
Según El Universal, el precio registrado de la compraventa fue de 1.800 millones de pesos. La Fiscalía afirma que el valor comercial ascendería a 2.727 millones de pesos, lo que representaría una diferencia de 927 millones de pesos, equivalente a un 34 % por debajo del avalúo. Las tres cifras provienen del documento judicial reseñado por El Universal de Cartagena.
La acusación describe una secuencia de hechos entre agosto y octubre de 2024. El expediente indica que en ese período Roa buscó de manera reiterada al presidente de Hocol, empresa del sector de hidrocarburos, en el marco de conversaciones sobre un megaproyecto de regasificación en el Caribe. Según la Fiscalía, el 20 de agosto de 2024, ya como presidente de Ecopetrol, Roa se reunió con el directivo de Hocol en un restaurante de Chapinero y le habría manifestado que el proyecto debía asignarse a una empresa identificada en la información periodística como la de Juan Guillermo Mancera. El ente acusador también sostiene que Roa habría impartido instrucciones a Luis Enrique Rojas para adjudicar el proyecto Chuchupa-Ballena LNG a GAXI ESP S.A.S., de acuerdo con lo publicado por El Universal.
El escrito recoge, en palabras atribuidas al documento judicial, que la influencia ejercida por Roa sobre el presidente de Hocol en torno al proyecto de regasificación habría estado orientada, según la hipótesis de la Fiscalía, a favorecer los intereses de Juan Guillermo Mancera, con quien Roa habría celebrado una negociación comercial de compraventa del apartamento. La cita textual del expediente, reproducida por El Universal de Cartagena, señala que esa influencia fue “indebida”.
Hay tres elementos que conviene separar con rigor.
Primero, la acusación no es una condena. Roa goza de presunción de inocencia y deberá ejercer su defensa ante el juez competente. La presentación del escrito marca el inicio formal del juicio oral, no su desenlace.
Segundo, el caso involucra a Ecopetrol, la empresa más grande del país y pieza central de la política energética. Que su presidente enfrente una imputación formal por tráfico de influencias en ejercicio del cargo plantea un asunto de gobierno corporativo que afecta a una sociedad que cotiza en bolsa y administra recursos públicos.
Tercero, según la línea argumental registrada por la defensa en otras instancias, la operación inmobiliaria habría sido una transacción privada sin relación con decisiones empresariales. Será el juez quien evalúe si esa versión se sostiene frente a los elementos recaudados por la Fiscalía 45.
Desde La Bitácora hemos sido críticos del uso instrumental del Estado por parte del gobierno actual. Este expediente, sin embargo, debe leerse con la misma frialdad con que se lee cualquier proceso penal: con respeto al debido proceso, con atención a las pruebas y con la claridad de que una acusación formal no equivale a una sentencia. También con la claridad de que, cuando se trata del presidente de la principal empresa estatal, la opacidad en torno a operaciones personales no puede tolerarse.
El 20 de agosto se conocerá el detalle de la acusación. A partir de ahí, el sistema judicial deberá responder una pregunta concreta: si existió o no un cruce indebido entre decisiones de Ecopetrol y una transacción inmobiliaria privada. Hasta que un juez competente resuelva, lo único cierto es que la diferencia de 927 millones de pesos entre el precio pagado y el avalúo comercial existe, y que la Fiscalía considera, según lo publicado por El Universal, que esa diferencia no se explica por el mercado.