La protección de abejas en Colombia no es sentimentalismo ambiental. Es un asunto de seguridad alimentaria y economía rural. Risaralda lo ha entendido de manera institucional. Según reportó El Diario de Pereira, el departamento ha desarrollado una ordenanza pionera, un centro de rescate para enjambres y una red de diez asociaciones apícolas que funcionan como estructura de sostenimiento económico para productores locales.
El contraste con el nivel nacional es instructivo. Mientras Risaralda legisla sobre protección de polinizadores y construye infraestructura de rescate, el gobierno nacional no ha presentado una política pública integral de apicultura ni de conservación de insectos polinizadores. No existe decreto reglamentario que establezca estándares de protección. No hay línea presupuestal visible en el Ministerio de Agricultura para investigación sobre colapso de colonias. No hay coordinación documentada entre el Ministerio de Salud y entidades ambientales sobre los riesgos sanitarios del uso de agroquímicos que afectan poblaciones de abejas.
Esto importa porque los insectos polinizadores son un factor productivo directo. Organismos internacionales de seguridad alimentaria han documentado que la mayoría de cultivos de alimentos dependen, al menos en parte, de la polinización animal. En Colombia, cultivos como café, cacao, aguacate y frutas dependen de insectos polinizadores. Una contracción en poblaciones de abejas tiene impacto directo en rendimiento agrícola y, por tanto, en precios de alimentos en la canasta familiar, especialmente para poblaciones de menor ingreso.
El modelo de Risaralda merece análisis. Una ordenanza que establece marco legal es el punto de partida. Lo que distingue el caso es la infraestructura: un hogar de paso para enjambres rescatados funciona como amortiguador entre la expansión urbana y la supervivencia de colonias. Las diez asociaciones apícolas actúan como red de transferencia de conocimiento y comercialización conjunta. Esto no es filantropía: es economía de aglomeración.
El problema nacional es la fragmentación. Cada región actúa de manera aislada. No existe un registro nacional de apicultores. No hay datos consolidados sobre pérdida de colonias por región. Los municipios no tienen protocolos de actuación ante enjambres en zonas urbanas. Muchos bomberos aún responden con métodos que matan las colonias en lugar de rescatarlas. Esto refleja una brecha entre capacidad institucional local y ausencia de directrices nacionales.
Desde la perspectiva de salud pública, la ausencia de política nacional también es problemática. El uso desregulado de neonicotinoides y otros insecticidas sistémicos afecta no solo a abejas sino a toda la cadena de polinización. Esto reduce biodiversidad agrícola y aumenta dependencia de polinización manual en algunos cultivos, lo que eleva costos de producción. Las externalidades negativas recaen sobre quienes menos capacidad tienen de absorber aumentos de precios.
Risaralda ha demostrado que es posible construir institucionalidad en torno a este tema sin recursos extraordinarios. Una ordenanza requiere voluntad política. Un centro de rescate requiere coordinación entre municipios y sector privado. Una red de asociaciones requiere liderazgo comunitario. Ninguno de estos elementos está fuera del alcance de gobiernos departamentales o municipales en otras regiones.
Lo que falta es coordinación nacional. El Ministerio de Agricultura debería publicar una política pública de apicultura que incluya: estándares de protección de colonias, restricciones en el uso de agroquímicos en zonas de producción apícola, protocolos de rescate de enjambres urbanos, y línea de crédito preferente para apicultores. El Ministerio de Ambiente debería incluir polinizadores en su estrategia de conservación de biodiversidad. El Ministerio de Salud debería evaluar el impacto en salud pública del uso de insecticidas.
Que un departamento tenga que construir sola lo que debería ser política nacional es síntoma de debilidad institucional. Risaralda no está resolviendo un problema local. Está cubriendo un vacío que corresponde al nivel central. La pregunta que debe hacerse es por qué el gobierno nacional no ha priorizado un tema con impacto directo en seguridad alimentaria y en costos de vida de la población.
Sin política nacional, sin presupuesto, sin coordinación interministerial, cualquier reconocimiento de la importancia de los polinizadores se convierte en retórica. Risaralda está haciendo el trabajo. El gobierno nacional debe seguir el ejemplo y escalar.