La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación radicó el 9 de junio el escrito de acusación contra Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol en licencia, por el delito de tráfico de influencias de servidor público. La diligencia de formalización quedó pendiente del reparto aleatorio en los juzgados penales de conocimiento y de la fecha que fije la Judicatura, como reportó Infobae Colombia. La imputación original había sido formulada el 11 de marzo de 2026 por la entidad que lidera Luz Adriana Camargo.
Según la Fiscalía, citada por Infobae, existiría evidencia de que Roa habría ejercido presiones para favorecer con contratos dentro del grupo Ecopetrol al coronel retirado de la Policía Juan Guillermo Mancera. La investigación, de acuerdo con la misma publicación, se origina en la adquisición de un inmueble en el norte de Bogotá en la que Mancera habría actuado como intermediario. La Fiscalía reveló pagos para cubrir alrededor de $1.800.000.000, desembolsados a través de Innova Mercadeo y Logística Ltda., empresa vinculada a Mancera, hacia el vendedor Princeton International Holdings Ltd, firma asociada al inversionista Serafino Iacono. Miembros del CTI habían inspeccionado oficinas de Mancera en Ibagué y Bogotá entre el 16 y el 19 de septiembre de 2025.
La defensa de Roa, en cabeza del abogado Juan David León, sostiene que la compra se realizó con recursos propios y créditos bancarios. Roa negó ante el periodista Daniel Coronell que Mancera hubiera tenido relación con la operación, según Infobae. En sentido contrario, y siempre de acuerdo con el mismo medio, la empresa Princeton International Holding entregó a la Fiscalía una lista de pagos y transacciones en efectivo que vinculan a Innova Mercadeo y Logística Ltda. con movimientos entre el 7 de marzo de 2023 y el 23 de febrero de 2024.
Lo que vuelve este expediente políticamente sensible no es solo la imputación penal, que corresponde evaluar a la Judicatura, sino el cruce con la investigación financiera sobre el manejo de recursos de la campaña presidencial de 2022. Según la revista Cambio, las cuentas personales de Roa habrían recibido $58.323.000.000 durante ese año, una cifra que superaría en aproximadamente $7.000.000.000 lo reportado oficialmente ante las autoridades electorales y que no figura en los expedientes abiertos por violación de topes. La consulta interpartidista reportó gastos por casi $8.757.000.000 y la campaña presidencial por $41.583.000.000, para un total de $50.340.000.000, siempre según el mismo reporte.
El seguimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), citado por Cambio, identificó tres cuentas en la Cooperativa Financiera Confiar de Medellín. La primera, terminada en 057, fue abierta seis días después de la inscripción de Gustavo Petro como precandidato y habría recibido dos transferencias por $11.406.000.000 entre febrero y marzo de 2022. La segunda, abierta en abril, registró movimientos por $31.388.000.000, con un ingreso de $21.706.000.000 en mayo, mes de la primera vuelta. La tercera, abierta el 1 de junio, habría concentrado $11.754.000.000 entre junio y julio. En conjunto, el flujo en Confiar alcanzó $54.550.000.000, a los que se suman $3.397.000.000 en Bancolombia y $376.000.000 en Davivienda, siempre según la misma publicación.
La Uiaf advirtió que no logró establecer el origen ni el destino final de buena parte de esos recursos, según el informe citado por Cambio. El reporte señala, textualmente, que “no se logra identificar si dichos recursos tienen que ver con ingresos laborales, de honorarios y/o servicios”. El abogado León, consultado por Cambio, afirmó en una primera comunicación que “desconozco la cuenta terminada en 057” y en una segunda que ese número no aparece en los soportes de las campañas que revisó.
Hay dos planos que conviene no mezclar. El primero es el penal: la Fiscalía presume que Roa usó su cargo para direccionar contratos, y es la Judicatura la que deberá evaluar la prueba. El segundo es el financiero: la discrepancia entre lo reportado al Consejo Nacional Electoral y lo que cruzaron los bancos no es menor, y hasta ahora la Uiaf no ha logrado cerrar el circuito. ¿Qué impide que una empresa del tamaño de Ecopetrol opere con normalidad mientras su presidente en licencia enfrenta una acusación formal en la justicia ordinaria? La presunción de inocencia rige, y la defensa conserva el derecho a controvertir cada pieza del expediente. Pero la respuesta del expediente financiero a la pregunta sobre el origen de los recursos que cruzaron esas cuentas, documentada por la Uiaf y reconstruida por Cambio, sigue pendiente, y es la que más desgaste institucional puede causar.