La Superintendencia de Economía Solidaria, en cabeza de María José Navarro, presentó una denuncia penal contra el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, y miembros de su gabinete por presunto constreñimiento electoral y participación indebida en política. La acusación, reportada por Caracol Radio, describe una supuesta red de presión sobre funcionarios y contratistas del distrito con fines proselitistas.
La respuesta de la administración distrital, emitida en comunicado, se mueve en un registro preocupante. En lugar de abordar punto por punto los hechos denunciados —quiénes fueron contactados, en qué fechas, con qué mecanismos—, el gobierno local optó por dos líneas de defensa: la primera, afirmar que ha actuado “con apego a la Constitución y la ley”; la segunda, denunciar una “posible injerencia de funcionarios del Gobierno nacional en campañas políticas”, anunciando quejas ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Misión de Observación Electoral y la Comisión de Seguimiento Electoral.
Esa estrategia retórica es vieja en la política regional: cuando la denuncia toca al gobierno de turno, se invierte la carga y se acusa al denunciante. La pregunta elemental, sin embargo, sigue sin respuesta: ¿qué responde el alcalde Pinedo sobre el contenido específico de la denuncia de la Superintendencia? ¿Existen actas, directrices, circulares internas o mensajes institucionales que acrediten lo contrario? El comunicado no exhibe ninguno.
Hay además un problema de simetría. La Superintendencia de Economía Solidaria es un organismo de control con funciones legales expresas. Su superintendenta, María José Navarro, formuló una denuncia penal y disciplinaria que, según lo reportado, se soporta en elementos materiales. La alcaldía, en cambio, replica con un comunicado político y con el anuncio de quejas cruzadas —un movimiento que, sin ser ilegal, desplaza el foco del expediente técnico al ring mediático.
Para una ciudad que arrastra cuestionamientos recurrentes en contratación, seguimiento fiscal y gobernabilidad, el camino prudente era otro: reserva, colaboración con los organismos de control y demostración documental de la gestión. Anunciar que se interpondrán quejas contra el Gobierno nacional —sin precisar hechos, nombres ni pruebas— no fortalece la institucionalidad; la expone a una lectura de retaliación.
La Misión de Observación Electoral y la Comisión de Seguimiento Electoral cumplen un papel técnico en la salvaguarda del proceso democrático. Llevar el caso ante ellas puede ser legítimo, pero será ese organismo, y no la alcaldía, el que determine si hubo o no participación indebida en política. Pretender dirimir esa controversia en declaraciones de prensa equivale, como advirtió el propio comunicado distrital —aunque en sentido inverso—, a “utilizar la ciudad como escenario de disputas políticas”.
La ciudadanía samaria merece más que un cruce de denuncias. Merece acceso a los documentos, a los cronogramas de visitas de la Superintendencia, a los contratos cuestionados y a las versiones libres de los mencionados. Solo con expedientes abiertos se podrá establecer, con el rigor que el caso exige, si lo que ocurrió en Santa Marta fue una denuncia ajustada a la ley o un episodio más de la polarización nacional replicada a escala local.
Por ahora, el saldo es claro: una denuncia formal, un comunicado sin contundencia documental y una ciudad pendiente de explicaciones.