La segunda vuelta presidencial del 22 de junio encuentra a Santander bajo un dispositivo militar que, por 규모, excede el promedio regional. La Quinta Brigada, según reportó El Frente de Bucaramanga, movilizó más de 4.700 soldados para custodiar 537 puestos y 907 mesas de votación distribuidas en 95 municipios.
El operativo se ejecuta dentro del Plan Democracia, la estrategia interinstitucional que el Comando General del Ejército activa cada ciclo electoral. La cobertura incluye 95 municipios bajo responsabilidad directa de la unidad, una cifra que da cuenta de la dispersión geográfica del departamento y del peso que tiene Santander en la logística de seguridad del nororiente colombiano.
La Resolución 00004917, expedida el 16 de junio de 2026, ordena la suspensión temporal de permisos para portar armas de fuego y armas traumáticas. La restricción aplica a Santander, a cinco municipios del sur del Cesar, a La Esperanza y Cáchira en Norte de Santander, y a Yondó, Antioquia. La medida rige desde las 6:00 del sábado 20 de junio hasta el mediodía del lunes 22, una ventana de 54 horas que coincide con la jornada electoral y el preconteo.
Tres elementos merecen lectura.
Primero, la coordinación interinstitucional. El dispositivo no depende solo del Ejército: contempla reuniones de seguridad con la Registraduría, la Fiscalía, la Policía y las alcaldías municipales. Esa arquitectura es la que permite que 907 mesas funcionen simultáneamente en zonas rurales donde la presencia estatal es intermitente el resto del año.
Segundo, la restricción de armas. La suspensión del porte no es una decisión automática: cada resolución responde a un análisis de riesgo territorial. Que la medida se haya extendido a Yondó y a municipios del sur del Cesar indica que la Quinta Brigada evaluó amenazas transdepartamentales, no solo focos internos.
Tercero, la escala. 4.700 soldados es una cifra comparable a la desplegada en departamentos con presencia histórica de grupos armados. Santander no figura entre las zonas de mayor conflicto activo, pero sí registra dinámicas de criminalidad organizada y disputa por rentas ilegales en el Magdalena Medio y el Catatumbo.
El comunicado de la Quinta Brigada reitera el compromiso institucional con la transparencia del proceso. Esa frase, habitual en este tipo de pronunciamientos, conviene leerla con atención: la función de la fuerza pública en jornada electoral es logística y de garantía, no de orientación del voto. La línea entre protección y proselitismo armado es la que define la legitimidad del dispositivo.
La segunda vuelta concentra riesgos específicos: mayor polarización, menor tiempo de despliegue y un electorado más reducido pero más definido. Por eso el Plan Democracia suele intensificarse en esta fase. Que Santander haya activado el operativo con cinco días de anticipación y con suspensión de armas desde 36 horas antes de la apertura de las urnas es consistente con el manual.
Lo que queda por evaluar es el balance posterior. La Contraloría y la Procuraduría suelen abrir expedientes de seguimiento al despliegue de fuerza pública en elecciones, con foco en uso de recursos, posibles restricciones indebidas a la movilidad y denuncias de presión a votantes. Esos informes, cuando se publican, son el termómetro real de la jornada.
Por ahora, el dato es el siguiente: 4.700 soldados, 537 puestos, 907 mesas, 95 municipios, una resolución y 54 horas de restricción de armas. El resto lo escribirán las urnas.