A diez días de la segunda vuelta presidencial, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales reportó un resultado que conviene leer con la seriedad que el calendario electoral exige. Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3, con apoyo de la Fiscalía y el CTI, ubicaron y destruyeron en la vereda Los Ángeles, municipio de Sardinata (Norte de Santander), un depósito clandestino atribuido al Frente de Guerra Nororiental del ELN. El inventario, según reportó Caracol Radio, es extenso: 83 artefactos explosivos improvisados, 35 activados por la víctima, 15 medios de lanzamiento, 182 municiones improvisadas, 520 detonadores y aproximadamente una tonelada de explosivos entre cordón detonante, mecha de seguridad, pólvora negra y multiplicadores. La nota añade 114 cartuchos calibre 7,62, elementos de intendencia y una bandera alusiva a esa estructura.
La información oficial recogida por Caracol Radio indica que el material, de acuerdo con las labores de inteligencia, estaría destinado a acciones contra la Fuerza Pública y contra infraestructura crítica del Estado. La operación, siempre según las autoridades citadas, golpea el centro de acopio de explosivos del Frente de Guerra Nororiental, un componente clave en la cadena logística de esa estructura.
Hay tres cosas que esta noticia pone sobre la mesa y que cualquier análisis serio debe registrar.
Primero, el dato de fondo. La democracia colombiana no se defiende sola. Se defiende con soldados profesionales, con inteligencia militar operativa y con coordinación interinstitucional entre Fuerza Pública y Fiscalía. Cuando ese engranaje funciona, como reportan las fuentes en este caso, la amenaza se neutraliza antes de convertirse en tragedia. Reconocerlo no es un acto de militancia, es un acto de realismo institucional. En un país donde el crimen organizado y los grupos armados han buscado incidir en ciclos electorales, la capacidad preventiva del Estado es salvaguarda del voto.
Segundo, el contexto. Nos acercamos a una segunda vuelta en un país que, según la forma en que distintos sectores formulan el debate público, ha convivido con un lenguaje que tiende a tratar como interlocutores válidos a estructuras que la propia inteligencia militar registra como depósitos de explosivos. Mientras las tropas inutilizaban casi una tonelada de material en Sardinata, el debate nacional discutía, en otros espacios, los términos de eventuales acercamientos con esos mismos grupos. Esa disparidad es, cuando menos, una pauta que merece registrarse: no es equivalente quien custodia las urnas y quien almacena material para destruirlas.
Tercero, el llamado de atención operativo. La afectación del centro de acopio no equivale a la neutralización del Frente de Guerra Nororiental. Un depósito destruido es un golpe táctico, no un resultado estratégico. Mientras existan frentes activos, intendencia circulando y capacidades de lanzamiento, las próximas semanas —hasta el 21 de junio y, sobre todo, después— exigirán el mismo nivel de despliegue. La FUDRA 3 y el Comando General deben sostener el esfuerzo.
A esto se suma una pregunta incómoda para el debate nacional. ¿Qué señal política envía el Ejecutivo cuando, en paralelo a operaciones como la de Sardinata, opta por interlocuciones de alto perfil con estructuras a las que la propia inteligencia militar les atribuye depósitos de explosivos en pleno proceso electoral? Una cosa es la capacidad operativa de las tropas, que es y seguirá siendo profesional, y otra es la coherencia entre esa capacidad y la orientación política que se comunica desde el Gobierno. Plantear la pregunta no es atacar a los soldados; es exigirle al poder civil la misma seriedad que las tropas demostraron en la vereda Los Ángeles.
La Bitácora no es panfleto. Cuando las Fuerzas Militares entregan resultados verificables, los reconocemos. Y cuando el contexto obliga a formular preguntas incómodas, las formulamos. La destrucción de este depósito en Sardinata es una buena noticia para la jornada del 21 de junio. Pero no sustituye la pregunta de fondo que el país deberá responderse cuando terminen las elecciones: ¿qué tipo de relación con los grupos armados está dispuesto a sostener el Estado colombiano, y a qué precio?
Por ahora, el dato es concreto: casi una tonelada de explosivos, cientos de dispositivos de diverso tipo y un depósito fuera de servicio. La segunda vuelta, gracias a este operativo, tiene un riesgo menos encima. Eso no es poco.