La pregunta sobre cuándo y cómo el Estado debe intervenir en mercados que el sector privado rechaza no es nueva en economía política, pero sigue siendo urgente en territorios como el colombiano. El caso de Satena —la aerolínea estatal que opera rutas de baja rentabilidad en regiones donde las compañías comerciales no encuentran margen— ejemplifica una tensión que define la gobernanza económica moderna: la diferencia entre crear valor público y subsidiar ineficiencia.
Satena vuela donde el mercado privado deliberadamente no quiere volar. Eso es un hecho. Conecta municipios de la Amazonía, el Pacífico y zonas de difícil acceso que, de otro modo, quedarían aisladas del sistema de transporte aéreo nacional. Desde esa perspectiva, cumple una función de integración territorial que trasciende el balance de pérdidas y ganancias de una aerolínea convencional.
Pero aquí comienza el análisis riguroso, no la narrativa.
El costo oculto de la conectividad
Mantener una empresa estatal operando rutas deficitarias requiere transferencias presupuestales. Esas transferencias salen de recursos que podrían financiar educación rural, infraestructura vial o salud en los mismos territorios que Satena atiende. La pregunta no es si Satena es útil —lo es—, sino si es el instrumento más eficiente para resolver el problema de la conectividad aérea regional.
Un análisis comparativo con experiencias andinas resulta instructivo. En Perú, la estatal ViajePeru fue liquidada en 2012 tras acumular pérdidas sostenidas. Ecuador mantiene TAME (Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos), que opera con subsidios permanentes. Bolivia tiene Boliviana de Aviación, que ha requerido recapitalizaciones repetidas. En ninguno de estos casos la solución estatal ha generado un modelo de negocio autosostenible; en todos, la pregunta sobre eficiencia presupuestal permanece sin respuesta clara.
Cuando lo público no es lo eficiente
El riesgo de una empresa estatal operando rutas deficitarias es que, sin presión de mercado, tiende a acumular ineficiencias operacionales: costos de personal inflados, mantenimiento deficiente, gestión administrativa lenta. Satena ha tenido períodos de rentabilidad relativa, pero también ha enfrentado crisis de liquidez que obligaron a inyecciones de capital público.
Esto no significa que Satena sea un fracaso. Significa que su evaluación debe ser honesta: ¿cuánto cuesta mantenerla operando? ¿Qué retorno genera en términos de integración territorial? ¿Existirían alternativas más baratas, como subsidios directos a aerolíneas privadas para operar esas rutas, o inversión en infraestructura vial que reduzca la dependencia del transporte aéreo?
La Bitácora, como medio institucionalista, no rechaza la intervención estatal en mercados fallidos. Lo que rechaza es la intervención sin medición, sin comparación de costos y sin alternativas evaluadas.
El contexto fiscal colombiano
En 2024 y 2025, Colombia enfrenta restricciones fiscales significativas. El déficit presupuestal, según proyecciones de la OCDE, presiona hacia consolidación de gastos. En ese contexto, mantener empresas estatales operando con subsidios implícitos es un lujo que requiere justificación explícita.
Si Satena genera valor público neto —es decir, si el beneficio de conectividad territorial supera el costo fiscal de mantenerla—, eso debe demostrarse con cifras. Si no, la pregunta legítima es si esos recursos no podrían reasignarse a políticas de mayor impacto redistributivo.
Lo que falta en el debate
La narrativa sobre “empresas públicas de nueva generación” tiende a romantizar lo estatal sin confrontar números. Una empresa pública que crea valor genuino debe poder demostrar:
- Rentabilidad operacional, o al menos déficit decreciente.
- Retorno social medible (empleo, conectividad, integración territorial).
- Comparación de costos con alternativas privadas o mixtas.
- Transparencia en transferencias presupuestales.
Satena merece ser evaluada en esos términos. No como símbolo de lo público virtuoso, sino como instrumento de política pública que debe rendir cuentas.
El Estado tiene un rol legítimo en mercados fallidos. Pero ese rol debe ser temporal, transitorio, medible. Cuando se convierte en permanente y opaco, deja de ser política pública para convertirse en subsidio corporativo disfrazado de interés nacional.