Un operativo de la Dirección Nacional de Carabineros contra la extracción ilícita de minerales en zona rural de Segovia, Antioquia, terminó este domingo con un saldo preliminar de una persona muerta, dos heridas y decenas de civiles —entre ellos adultos mayores y menores— afectados por gases lacrimógenos durante la madrugada, según reportó El Heraldo. La nota agrega que fue necesaria la intervención del Ejército Nacional para restablecer el orden tras los enfrentamientos.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló en su cuenta de X al Clan del Golfo como responsable de los hechos y calificó las acciones violentas como retaliación por las operaciones que, según su mensaje, adelantan la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y la Policía contra la minería ilegal en el Nordeste antioqueño. El mandatario anunció un Consejo de Seguridad para coordinar la respuesta institucional y denunció una presunta instrumentalización de habitantes por parte de esa estructura criminal.
Hay tres elementos que esta columna no puede pasar por alto.
Primero, la magnitud del fenómeno que se pretende atacar. Segovia y el Nordeste antioqueño son escenario histórico de economías de extracción que combinan oro de aluvión, socavones artesanales y presencia de grupos armados. Cuando la fuerza pública interviene, lo hace sobre un tejido social donde la minería ilegal es, para muchos, la única fuente de ingreso. Ignorar esa variable convierte el operativo en un hecho aislado y condena a la repetición.
Segundo, el uso de la fuerza. La nota periodística reporta que se emplearon gases lacrimógenos en una zona habitada durante horas de la madrugada. La afectación a civiles, incluidos menores y adultos mayores, no es un detalle menor: obliga a revisar los protocolos de uso, la proporcionalidad y la coordinación con autoridades locales antes de cualquier intervención de este tipo. ¿Quién verifica que el procedimiento se ajustó a los manuales de la Policía Nacional?
Tercero, la atribución política. El gobernador Rendón no se limitó a condenar los hechos: apuntó a un grupo armado específico y respaldó públicamente la operación. Esa doble condición —denuncia y respaldo— es la que debería replicarse desde el orden nacional. La minería ilegal en Antioquia no se combate con comunicados: se combate con presencia institucional sostenida, judicialización efectiva y alternativas económicas reales para los municipios que hoy dependen de la extracción.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría deberían acompañar el caso desde ya. No solo por el saldo de víctimas, sino por las verificaciones de daños materiales que las propias autoridades reconocieron estar adelantando. Cuando un operativo termina con un muerto, dos heridos y civiles desplazados de sus viviendas en la madrugada, la primera pregunta no es si la operación continuará, sino si se hizo conforme a la ley.
Segovia lleva décadas esperando una respuesta seria del Estado. Lo ocurrido este domingo demuestra que esa respuesta, cuando llega, todavía llega tarde y mal calibrada.