La seguridad en territorios críticos no es un problema de falta de voluntad política. Es un problema de diseño institucional.
Colombia lleva años intentando aplicar recetas nacionales a contextos locales radicalmente distintos. Una estrategia que funciona en el Cauca no funciona en el Catatumbo. Una que sirve en la costa Atlántica no sirve en el Pacífico. Seguir operando desde esa premisa es, simplemente, perder recursos.
El error de enfoque que describe el análisis reciente de El Tiempo toca un punto central: la seguridad pública se ha tratado como un asunto de cobertura uniforme, cuando debería tratarse como un asunto de diagnóstico diferenciado. Eso implica preguntas incómodas que raramente se hacen en los despachos ministeriales.
¿Cuál es la composición exacta de los grupos armados en cada territorio? ¿Qué economías ilícitas sostienen la violencia en cada zona? ¿Cuál es el nivel de penetración institucional? ¿Existe capacidad estatal previa o hay que construirla desde cero? Las respuestas no son iguales en Nariño que en Bolívar.
Una ruta realista requiere, primero, información. No la que circula en reportes clasificados o en reuniones de seguridad. La que está disponible: reportes de la Defensoría del Pueblo sobre violaciones de derechos, datos de la Fiscalía sobre denuncias por homicidios selectivos, registros de desplazamiento forzado del Registro Único de Víctimas. Esos datos existen. Están públicos. Rara vez se usan como insumo para diseñar política.
Segundo, diferenciación de intervenciones. En zonas donde el Estado prácticamente no existe, la prioridad no es combate táctico. Es presencia institucional básica: juzgados, puestos de salud, escuelas. En zonas donde el Estado existe pero está capturado, la prioridad es limpieza institucional: identificar y remover funcionarios cooptados. En zonas donde hay presencia estatal pero hay disputa territorial, la prioridad es operación militar coordinada con justicia transicional.
Tercero, evaluación de resultados. No por cifras de capturas o incautaciones. Por indicadores que midan lo que realmente importa: reducción de homicidios, aumento de denuncias (que indica confianza en instituciones), permanencia de población desplazada, recuperación de capacidad institucional local. La Contraloría puede medir eso. Rara vez lo hace con rigor.
El gobierno actual ha hablado de “seguridad humana” y de “paz territorial”. Ambos conceptos son correctos en teoría. Pero sin traducción a diagnóstico territorial específico y sin asignación de recursos acorde a esa especificidad, quedan en retórica.
Lo que funciona en otros países tampoco es la solución. El modelo de contrainsurgencia de Filipinas no es replicable aquí. El modelo de seguridad ciudadana de Chile no es replicable aquí. Lo que funciona es lo que funciona en Medellín, en Cali, en Santa Marta: presencia estatal sostenida, justicia rápida, y eliminación de espacios de impunidad.
Eso cuesta dinero. Cuesta tiempo político. Cuesta admitir que no hay fórmula mágica. Pero es la única ruta que tiene probabilidad de funcionar. Y eso, al menos, es realista.
Como reportó El Tiempo, la discusión sobre seguridad territorial debe pasar de lo declarativo a lo operativo. Eso comienza reconociendo que no existe un “territorio crítico” genérico. Existen territorios específicos con problemas específicos que requieren soluciones específicas. Mientras eso no ocurra, seguiremos gastando recursos en intervenciones que no resuelven nada.