El caso de Shakira y la DIAN vuelve a la mesa, pero esta vez desde otra orilla: la posibilidad de que la cantante demande al Estado por los daños ocasionados durante años de persecución tributaria.
Para quien no siguió el hilo: entre 2012 y 2014, Shakira fue investigada por la administración tributaria bajo el argumento de que no había declarado ingresos generados en el extranjero. La DIAN argumentó que la artista había residido en Colombia más tiempo del que ella reportaba. El caso terminó en un acuerdo millonario en 2022, después de que Shakira pagara aproximadamente 94.1 millones de dólares en multas e intereses.
Lo nuevo ahora es la pregunta de fondo: ¿puede Shakira reclamar indemnización por los daños que sufrió durante esa estrategia de la administración tributaria? La respuesta depende de cómo se interprete si hubo exceso en el ejercicio de las funciones de la DIAN o si, por el contrario, la entidad actuó dentro de sus competencias legales, aunque el resultado final haya sido cuestionable.
El asunto toca un debate más amplio sobre los límites del poder tributario estatal. Cuando una administración persigue a un contribuyente durante años con una interpretación discutible de las normas, ¿genera responsabilidad civil del Estado? La jurisprudencia colombiana ha reconocido que sí, pero con condiciones muy restrictivas: se requiere probar que el daño fue causado por una conducta arbitraria, no simplemente por un ejercicio legítimo pero equivocado de las funciones públicas.
Shakira tiene recursos, asesoría legal de primer nivel y un perfil que amplifica cualquier movimiento que haga. Si decide demandar, no será un litigio silencioso. Pero el Estado también tiene argumentos: durante años, la artista contó con acceso a expertos tributarios. La pregunta entonces no es si ella sufrió, sino si el Estado actuó fuera de la ley.