La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra siete embajadores colombianos señalados de haber utilizado sus cuentas en redes sociales —particularmente Instagram y X— para respaldar una candidatura presidencial. El expediente, originado en una denuncia del ciudadano Eduardo Andrés Mestre, alcanza a los embajadores ante la OEA, Luis Ernesto Vargas; en Venezuela, Milton Rengifo; en Argentina, José Roberto Acosta; ante la OCDE, Luis Medina; ante la FAO, Jhenifer Mojica; en Bélgica, Daniel Prado; y en Bolivia, Elizabeth García.
La conducta bajo análisis no se limita a publicaciones originales. La denuncia señala reposteos de contenidos de terceros que, en conjunto, configurarían un patrón de promoción de un candidato determinado, según reportó El Universal de Cartagena.
El Ministerio Público evaluó la procedencia de una suspensión provisional, medida que habría retirado del cargo a los investigados mientras avanza el proceso. Concluyó que, por ahora, no existen fundamentos suficientes para adoptarla. La investigación seguirá su curso con etapa probatoria abierta.
El caso no es aislado. La Procuraduría también abrió expediente contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sin suspensión preventiva, y semanas atrás suspendió a Carlos Carrillo, entonces director de la UNGRD, quien después renunció para sumarse a la campaña de Iván Cepeda. La secuencia dibuja una línea de actuación coherente: el organismo de control está aplicando la restricción de participación política que el ordenamiento colombiano impone a los servidores públicos, con independencia del rango o de la afinidad ideológica.
La norma es nítida. El artículo 127 de la Constitución y las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019 prohíben a los funcionarios públicos —sin excepciones por jerarquía ni por destino en el exterior— intervenir en campañas, promover candidatos o respaldar aspiraciones electorales. La condición de embajador no convierte al diplomático en ciudadano particular mientras ejerza el cargo. El cargo representa al Estado, no a una tendencia política.
Lo que la investigación debe esclarecer es puntual: si las publicaciones y reposteos atribuidos a cada uno de los siete embajadores constituyen, en los términos del derecho disciplinario, actos de participación indebida en política. La tarea probatoria de la Procuraduría incluye acreditar autoría, contenido, alcance y, sobre todo, la voluntad del funcionario de asociar su imagen institucional a una candidatura.
El episodio expone, además, una tensión estructural del servicio exterior colombiano. Las designaciones en embajadas y organismos multilaterales suelen responder a lealtades políticas del gobierno de turno, lo que ubica a los diplomáticos en una zona gris entre la confianza política y la neutralidad exigida por el cargo. Esa zona gris se reduce cuando el funcionario incursiona en redes sociales con el sello del cargo. Un reposteo desde una cuenta oficial no se lee como opinión personal: se lee como pronunciamiento del Estado.
Para la Bitácora, la noticia tiene una lectura institucional. Si la Procuraduría acredita la falta, las sanciones deben aplicarse con el mismo rigor con que se aplican a cualquier otro servidor público. Si no la acredita, el archivo debe ser igual de público y motivado. Lo que no puede ocurrir es que el caso termine en un limbo burocrático, como ha ocurrido con otros expedientes disciplinarios contra altos funcionarios. La independencia del Ministerio de Control se mide precisamente en expedientes incómodos para el gobierno de turno, y este lo es.
Por ahora, los siete embajadores siguen en sus puestos. La investigación acaba de empezar. Lo que está en juego trasciende a los nombres propios: es la credibilidad de una carrera diplomática que Colombia ha construido durante décadas y que no puede convertirse en caja de resonancia de una campaña.