Hay un diagnóstico que se repite con insistencia desde distintos despachos del Gobierno nacional: la fuerza pública estaría desfinanciada, desmoralizada y desbordada, y esa sería la causa principal del deterioro de la seguridad en las ciudades. Los datos publicados por Caracol Radio a partir de un reporte de la Policía Nacional con corte a junio de 2026 no respaldan esa lectura de forma generalizada. Y el caso que mejor lo ilustra se llama Sincelejo.
Según reportó Caracol Radio con base en ese reporte oficial, la capital de Sucre registró 191 hurtos a personas en lo corrido del año, frente a 261 en el mismo periodo de 2025. Esa diferencia equivale a 70 hechos menos y a una reducción del 27 por ciento, según el cálculo de la misma fuente. En términos relativos, la tasa de Sincelejo se ubica en 59 hurtos por cada 100.000 habitantes, contra un promedio nacional de 294 por cada 100.000, también de acuerdo con la publicación. La diferencia es de aproximadamente cinco veces.
El contraste con otras capitales es más diciente. Según las cifras difundidas por Caracol Radio a partir del informe policial, Medellín reporta 10.368 casos y un incremento del 6 por ciento; Ibagué subió 28 por ciento, hasta 2.094 reportes; y Pasto creció 30 por ciento, con 3.304 casos. En volumen absoluto, Bogotá acumula 48.144 hurtos y Cali, 5.580. No son cifras comparables en tamaño, pero sí en tendencia: mientras unas capitales crecen, Sincelejo baja.
La pregunta obligada es qué hay detrás de ese resultado. La respuesta que ofrece la evidencia es más modesta que cualquier consigna política: presencia efectiva de la Policía Metropolitana, articulación con la Fiscalía local, controles urbanos sostenidos y un comando que no renunció a las funciones básicas de la fuerza pública. No se trata de un experimento exótico ni de una ciudad blindada por la geografía. ¿Es razonable concluir que se trata de gestión institucional, de la rutina que cualquier ciudad puede ejecutar si se decide a ejecutarla? ¿Por qué esa rutina no se replica donde las cifras suben?
Este punto importa porque en el debate público colombiano se ha instalado la idea de que la seguridad es un derivado automático del éxito o del fracaso de las negociaciones políticas con grupos armados. La realidad, al menos la que muestran estas cifras, es más exigente: la seguridad urbana se construye con presencia, inteligencia y persistencia operativa, no con declaraciones.
También merece una observación metodológica. La nota periodística que difunde estas cifras las atribuye a la Policía Nacional, pero no precisa si se trata de hurtos a personas en todas sus modalidades o de una categoría específica. Sería razonable que la propia institución publique el detalle del reporte, de modo que la comparación entre ciudades se haga sobre bases homogéneas y verificables. Una tasa de 59 por cada 100.000 habitantes es un dato poderoso, y precisamente por eso merece auditoría pública.
Lo que no admite discusión es el hecho reportado: en un país donde el Gobierno habla de fracaso sistémico de la fuerza pública, una capital departamental de menos de 300.000 habitantes registra, según el informe policial citado por Caracol Radio, la tasa de hurto a personas más baja del país y la reduce 27 por ciento interanual. La lección no es nueva, pero conviene repetirla: la seguridad no se decreta, se administra. Y cuando se administra con seriedad, los resultados son medibles.