La madrugada del martes registró tres movimientos telúricos en el litoral norteño de Perú, con magnitudes de hasta 4,9, según reportó Bloomberg Línea. Aunque no se presentaron víctimas ni daños materiales, la proximidad temporal con el sismo de magnitud 7,4 ocurrido en Chocó, Colombia, generó alarma pública sobre una supuesta conexión regional. La ciencia desmiente ese vínculo, pero la coincidencia calendárica sirve para evaluar una realidad más estructural: la vulnerabilidad andina no depende solo de las placas tectónicas, sino de la capacidad estatal para gestionar riesgos con criterios técnicos y no políticos.
Dinámicas geológicas diferenciadas
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha sido claro al explicar que la simultaneidad de eventos sísmicos en Sudamérica no implica causalidad. Hernando Tavera, jefe institucional del IGP, precisó a la Agencia Andina que cada sismo debe analizarse según su ubicación, profundidad y origen tectónico específico. Los temblores en la zona de Sechura responden al proceso de subducción de la placa de Nasca bajo la Sudamericana, un mecanismo constante en la costa peruana. Por el contrario, el evento de Chocó se inscribe en la compleja interacción de los límites entre las placas de Nazca, Cocos y Caribe, propia del margen occidental colombiano.
Esta precisión científica es un antídoto necesario contra la desinformación. Sin embargo, desde la política pública, la independencia geológica no debe traducirse en complacencia administrativa. Según estimaciones del Banco Mundial en sus informes sobre gestión del riesgo de desastres en América Latina, los fenómenos naturales pueden representar costos anuales significativos para las economías andinas, cifras que se multiplican cuando la infraestructura crítica carece de códigos de construcción actualizados o cuando los sistemas de alerta temprana presentan brechas de cobertura. La verdadera relación entre estos eventos no es tectónica, sino estructural: ambos países enfrentan desafíos similares en ordenamiento territorial y capacidad estatal.
Resiliencia como factor de competitividad
Desde una perspectiva pro-mercado y atlantista, la gestión del riesgo es también una condición para la competitividad y la atracción de capital. Las calificadoras de riesgo y los socios comerciales evalúan cada vez más la exposición climática y sísmica como factores de estabilidad macroeconómica. Un Estado que demuestra capacidad técnica en prevención envía señales de madurez institucional más potentes que aquel que solo actúa eficazmente en la respuesta humanitaria post-desastre.
En este sentido, la cooperación hemisférica tiene un rol pendiente. Más allá de la solidaridad inmediata, existe un espacio subutilizado para la transferencia tecnológica y la armonización de estándares de construcción sismo-resistente entre Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Organismos como la Americas Society/Council of the Americas han documentado cómo la integración en gestión de riesgos reduce primas de seguros y facilita cadenas logísticas transfronterizas. No se trata de crear nuevas burocracias regionales, sino de aprovechar plataformas existentes para compartir lecciones aprendidas y mejores prácticas regulatorias.
Además, la independencia judicial y la separación de poderes juegan un papel decisivo en esta ecuación. Cuando los recursos de prevención se asignan con criterios técnicos y la ejecución presupuestal está sujeta a controles reales, la efectividad de la inversión pública aumenta. El deterioro institucional observado en algunos gobiernos de la región, caracterizado por el uso instrumental del Estado y la erosión de la meritocracia técnica, acumula tensiones invisibles hasta que el colapso es inevitable. La naturaleza seguirá su curso impredecible; nuestra responsabilidad es asegurar que el Estado y el mercado estén preparados para absorber el golpe sin quebrar la confianza inversora ni el tejido social.