El 1 de agosto, hacia las 3:20 de la mañana, una explosión sacudió el barrio Tasajero de Cúcuta. El blanco fue el comando de la Policía de Norte de Santander. El saldo preliminar, confirmado por el secretario de Seguridad Ciudadana departamental, George Quintero, es de once personas heridas: ocho uniformados y tres civiles que se encontraban en las inmediaciones. Un canino de la institución murió en el atentado.
Los lesionados fueron remitidos a la Clínica Medical Duarte, donde permanecen bajo atención especializada. Según reportó Infobae Colombia, entre los uniformados identificados figuran los auxiliares Richard Javier Rúa Balaguera y Diver José Vergara Guerra, los patrulleros Billy Walner Molina Peláez, Diego Alexander Claro Clavijo, Francisco Javier Velásquez Barrera, Carol Dayana Abril Linares, Duván Hernando Covilla Blanco y Marta Jimena Sepúlveda Sepúlveda. Rúa Balaguera fue sometido a cirugía por la gravedad de sus heridas, de acuerdo con la misma fuente, que cita a EFE.
Los daños materiales alcanzan viviendas, establecimientos comerciales, vehículos y parte de la infraestructura del complejo policial, según la información preliminar recopilada por Infobae con base en EFE. El medio también registra que una de las personas civiles afectadas sería una mujer que atendía un puesto de café cercano.
El episodio reabre un debate que la política de seguridad no ha logrado cerrar. Cúcuta es la ciudad donde confluyen la frontera con Venezuela, el corredor de movilidad hacia el Catatumbo y la presencia histórica del ELN, de las disidencias de las FARC y de organizaciones dedicadas al contrabando y la extorsión. Un atentado con carro bomba contra un comando de Policía exige explosivos, logística y capacidad de infiltración urbana. ¿Bajo qué condiciones un vehículo cargado con explosivos pudo llegar hasta la puerta de un comando policial en la ciudad más vigilada de la frontera colombiana?
La investigación que ahora lideran la Fiscalía, la Dijín y la Policía Metropolitana de Cúcuta debe responder, en las próximas horas, varias preguntas que el país no puede dejar sin respuesta: qué tipo de explosivo se utilizó, qué organización o estructura estaría detrás del hecho y si existían alertas previas de inteligencia que no fueron atendidas. La bancada de Norte de Santander en el Congreso y los organismos de control tienen aquí un llamado de atención concreto.
Hay también un ángulo institucional que conviene no pasar por alto: el ataque se ejecutó contra un comando de Policía, no contra una base militar. La diferencia no es menor, porque un comando policial en zona urbana combina funciones de atención al ciudadano con despliegue operativo, y su afectación tiene un efecto simbólico sobre la presencia del Estado en una ciudad sometida a presión permanente por la migración, el contrabando y la disputa territorial.
La prioridad inmediata es la atención médica y la seguridad de los heridos y de sus familias. El país les debe, como mínimo, una atención hospitalaria oportuna y una investigación que produzca resultados verificables en lugar de comunicados genéricos. Las autoridades locales, encabezadas por el gobernador y el alcalde de Cúcuta, deben pronunciarse sobre el plan de reforzamiento de seguridad en el área metropolitana, y la Defensoría del Pueblo debería acompañar a los civiles lesionados para garantizar el seguimiento de sus casos.
Si la Fiscalía logra identificar y judicializar a los responsables en un plazo razonable, el caso servirá para reconstruir confianza en la institucionalidad. Si el expediente se diluye en la indefinición, lo de Tasajero quedará registrado como un antecedente más en una lista que la frontera ya conoce de memoria.