A las 07:34 hora local, el Sistema Geológico Colombiano registró un sismo de magnitud 7.4 con profundidad de 96 kilómetros, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Cuarenta y cuatro minutos después, a las 08:18, se produjo una réplica de magnitud 4.8 a 88 kilómetros de profundidad en la misma zona. La Dirección General Marítima descartó amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana.
El presidente Abelardo De la Espriella anunció en redes sociales que asumió directamente el liderazgo de la atención de la emergencia, ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta y solicitó al director de la UNGRD un reporte detallado de daños y necesidades urgentes. El mensaje presidencial incluyó el anuncio de su desplazamiento a Pereira para acompañar a los afectados.
La UNGRD, por su parte, informó que mantiene comunicación con autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para verificar posibles afectaciones. En Chocó, el Eje Cafetero, Medellín y Cali se reportaron edificaciones caídas; el temblor también se sintió en Bogotá y otras zonas del país.
La magnitud del evento y la localización del epicentro, en una de las zonas más vulnerables del país por su complejidad geográfica y su histórica precariedad institucional, hacen de esta emergencia la primera prueba de fuego del nuevo gobierno. San José del Palcar, según cifras del DANE, es uno de los municipios con menor capacidad de respuesta operativa del Chocó. La diferencia entre un desastre contenido y una tragedia prolongada depende, en buena medida, de la velocidad con que el Puesto de Mando Unificado se instale efectivamente, de la calidad del reporte que entregue la UNGRD y de la continuidad operativa de las entidades territoriales.
Hay tres indicadores que conviene seguir con rigor en las próximas 72 horas. Primero, el parte oficial de daños estructurales: no basta con el reporte de edificaciones caídas en zonas urbanas; hay que esperar el inventario de afectaciones en vías terciarias, acueductos veredales y centros de salud del Chocó. Segundo, la trazabilidad de la ayuda: la contratación de emergencia bajo la declaratoria de calamidad pública debe ser pública y verificable en Secop II, con contratistas identificados y valores explícitos. Tercero, la coordinación interinstitucional: la UNGRD, los bomberos, la Defensa Civil, las Fuerzas Militares y las gobernaciones de Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca deben operar bajo un solo mando, no en paralelo.
La respuesta a un sismo de esta magnitud no se mide por los mensajes en redes sociales, sino por la capacidad de movilizar maquinaria, personal médico y apoyo logístico a zonas donde el Estado ha sido históricamente débil. El gobierno de De la Espriella tiene la oportunidad de demostrar que la institucionalidad funciona cuando más se necesita. También tiene la responsabilidad de hacerlo con transparencia, porque cada peso destinado a la emergencia debe ser rastreable.
Colombia es un país sísmicamente activo. La pregunta no es si habrá otro temblor, sino si estamos preparados institucionalmente para responder cuando ocurra. Este 10 de agosto es, para el nuevo gobierno, el primer examen.