El secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, confirmó esta semana que, según información de inteligencia, las disidencias de las Farc habrían designado a un sujeto conocido como alias Amazonas como cabecilla de una facción en ese departamento. El reporte fue publicado por Caracol Radio el 11 de junio.
La advertencia tiene tres componentes verificables, todos atribuidos a fuentes oficiales. Primero, según el mismo secretario, en el Tolima ya operan dos estructuras disidentes bajo el mando de alias Calarcá y alias Iván Mordisco. Segundo, la Gobernación departamental ofrece recompensas de hasta 300 millones de pesos por cabecillas de esas organizaciones, cifra reportada por Caracol Radio y por las autoridades tolimenses en municipios como Planadas, Rioblanco, Chaparral, Ataco, San Antonio y Rovira. Tercero, la Fuerza Pública ejecuta un control territorial conjunto entre Policía, Ejército y Fuerza Aeroespacial para impedir el asentamiento del nuevo jefe.
Lo que no está acreditado, y conviene subrayar, es que alias Amazonas haya ingresado efectivamente al territorio tolimense. El propio Bocanegra habló de un proceso de “judicialización” y de un sujeto que, según sus palabras reproducidas por Caracol Radio, “posiblemente llegaría”. Mientras no exista captura, imputación de cargos o confirmación por parte de la Fiscalía General de la Nación o del Comando General de las Fuerzas Militares, la información reportada por inteligencia debe leerse como un indicio sujeto a verificación, no como un hecho consumado.
Hay un dato adicional que el reporte original deja entrever. La gobernadora Adriana Matiz denunció, también según Caracol Radio, que en el sur del Tolima las disidencias continúan carnetizando a la población civil en pleno calendario electoral, a una semana de la segunda vuelta presidencial. La Defensoría del Pueblo ha documentado en sus alertas tempranas que el control poblacional de los grupos armados se intensifica en coyunturas electorales, y que la carnetización suele preceder a la imposición de candidatos y a restricciones de movilidad para los votantes. Esa coincidencia merece atención institucional.
Tres tareas se desprenden de lo informado por las autoridades tolimenses. La primera, judicial: que la Fiscalía adelante las actuaciones para que la inteligencia se traduzca en procesos formales y no quede en anuncios de prensa. La segunda, militar: sostener el control territorial anunciado y verificar, con resultados públicos, si alias Amazonas incursiona o es interceptado antes de instalarse. La tercera, electoral: que la Registraduría y los organismos de control adopten medidas específicas en los municipios del sur del Tolima para garantizar que la segunda vuelta se desarrolle sin presión armada sobre los votantes.
La recompensa de 300 millones de pesos y la frase del secretario Bocanegra —“lo estamos esperando”— transmiten una voluntad disuasoria que es legítima, pero que no sustituye la evidencia judicial. En seguridad, los anuncios rinden cuando están respaldados por capturas y por expedientes. Lo demás es comunicacional, y la comunicación sin resultados erosiona la confianza en las instituciones que el país necesita precisamente en una semana de elecciones.