TransMilenio anunció la puesta en marcha de equipos móviles de vigilancia integrados por al menos diez uniformados —entre miembros de la Policía Metropolitana, gestores de orden y guardas privados— que recorrerán buses articulados y biarticulados en cuatro corredores de la capital. Según reportó Cambio, las rutas priorizadas comprenden el tramo inicial de la Troncal Caracas, la Troncal Américas hacia Banderas, la Troncal Calle 80 hasta La Granja y la Autopista Norte hasta el portal. La selección, de acuerdo con el sistema, responde al volumen de pasajeros y a la concentración de reportes de incidentes.
La decisión apunta a síntomas que ya nadie puede ignorar. Cambio documentó que más de doscientos guardias antievasión han sido agredidos en lo corrido del año, y el mismo medio ha publicado un seguimiento a los disturbios recurrentes y a los grupos señalados como los más buscados por estas alteraciones. Que la empresa reconozca la necesidad de articular acciones con la Policía especializada que opera en el sistema sugiere que el esquema previo resultaba insuficiente. Es un avance, y conviene registrarlo sin reticencias.
Dicho esto, la columna vertebral del problema no se resuelve con presencia uniformada dentro de los buses. La seguridad en TransMilenio es consecuencia de decisiones estructurales aplazadas durante años, y un plan piloto de vigilancia no las sustituye.
La primera decisión pendiente es presupuestal. El sistema mueve más de dos millones de usuarios diarios y sostiene una tarifa que, tras los ajustes recientes, sigue sin cubrir los costos reales de operación. Cuando el componente de vigilancia depende de empresas contratistas que rotan al ritmo de la licitación vigente, la presencia en calle se vuelve intermitente y los protocolos se licitan en lugar de ejecutarse. La Bitácora ha insistido en que la seguridad ciudadana no se improvisa, y este caso lo confirma.
La segunda decisión es de autoridad. Los gestores de orden carecen de facultades coercitivas. Pueden registrar usuarios y remitir reportes, pero su margen de acción frente a un hecho delictivo en flagrancia se agota en pedir apoyo. Si la estrategia depende de la articulación inmediata con la Policía, la pregunta operativa es cuántos uniformados se destinan efectivamente al sistema, en qué turnos y con qué cadena de mando. La nota de Cambio no precisa estos datos, y es una omisión relevante: sin cifras, el piloto es un anuncio.
La tercera es de política criminal. Las estructuras organizadas que reinciden en la afectación del servicio, documentadas por Cambio en su seguimiento al llamado cartel de los más buscados, requieren captura y judicialización por parte de la Fiscalía y la Policía. Su rezago procesal es un cuello de botella que ningún guarda de seguridad puede destrabar.
Finalmente, persiste el riesgo de que la estrategia derive en perfilamiento o abuso contra los usuarios más vulnerables, una práctica que se ha denunciado en distintos puntos del sistema y que merece auditorías independientes y públicas, no solo reportes internos. La seguridad efectiva protege sin vulnerar derechos; cualquier otro resultado es simplemente control.
Celebro la decisión de mover vigilancia al interior de los buses. Pero el debate serio sobre TransMilenio exige hablar de tarifas, contratos, autoridad y judicialización, no solo de cámaras y uniformes. Sin esos cuatro componentes articulados, las escuadras móviles serán un paliativo costoso y, peor, una distracción bienvenida por quienes deberían asumir las decisiones de fondo.