El Ejército de Liberación Nacional (Eln) informó que suspenderá acciones ofensivas entre las 00:00 del 20 de junio y las 00:00 del 23 de junio, en coincidencia con la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. La medida fue presentada por el grupo como una garantía para el ejercicio del voto y se conoce a una semana de la jornada en la que, según las encuestas de Guarumo y EcoAnalítica citadas por Portafolio, Abelardo de la Espriella se ubicaría en 52,6 % y el senador Iván Cepeda en 45 %, con 2,4 % de voto en blanco.
Conviene leer el anuncio con la misma frialdad con la que se lee un comunicado de cualquier actor armado. Una tregua unilateral de 72 horas no equivale a un compromiso de desescalamiento ni a un avance verificable en una mesa de negociación, en la medida en que el Eln conserva la potestad de levantarla cuando lo considere pertinente. Es, en los hechos, una decisión unilateral: el grupo insurgente define, por su cuenta, la fecha y la duración de la pausa, sin que medie acuerdo con el Estado ni supervisión independiente.
El contraste con la respuesta institucional que reporta Portafolio es elocuente. El Gobierno Nacional, de acuerdo con el mismo artículo, mantiene activas recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la judicialización de responsables de delitos electorales como constreñimiento al sufragante, compra de votos y fraude. La Defensoría del Pueblo, según consigna Portafolio, emitió un llamado a preservar la calma y recordó que Colombia no atraviesa un conflicto de esa naturaleza durante la transición de poder. Son dos registros distintos: uno, el del Estado, que opera dentro del ordenamiento jurídico; otro, el de un grupo armado ilegal que decide, por su cuenta y riesgo, cuándo se pelea y cuándo no.
La logística electoral, en paralelo, ya está en marcha. Portafolio reporta que 1.096.368 colombianos habilitados para votar en el exterior comenzaron a sufragar en 67 países, en la apertura de una jornada que convocará a más de 40 millones de ciudadanos en las urnas el domingo. El despliegue de seguridad, según el mismo artículo, se concentra en zonas con presencia histórica de grupos armados ilegales, lo que confirma, de manera indirecta, que la amenaza sobre el proceso no es hipotética.
Quedan al menos tres preguntas que el anuncio no resuelve. La primera es de orden operativo: ¿qué garantías verificables ofrece el Eln de que sus estructuras regionales acatarán la orden, considerando su historial de disidencias internas y frentes que operan con alto grado de autonomía? La segunda es de orden político: ¿qué lectura hacen los comandos de campaña de una tregua que coincide con la semana previa a la votación? La tercera, y la más incómoda, es de orden institucional: ¿en qué medida el Gobierno está en condiciones de condicionar su relación con el Eln al comportamiento electoral del grupo, o si, por el contrario, termina adaptándose al calendario que el grupo armado le marca?
Una democracia no se mide por la benevolencia de quienes la amenazan, sino por la consistencia de quienes la defienden. El 21 de junio, la atención debería estar puesta en las urnas, en los conteos y en las garantías que ofrece el Estado, no en la generosidad momentánea de un actor que sigue fuera de la ley.