Un hombre de 72 años, identificado por los organismos de socorro como Pedro Solarte, permaneció cerca de treinta horas sepultado tras un movimiento de masa en la finca La Marrulla, en zona rural del municipio de El Águila, norte del Valle del Cauca. El episodio, reportado por Caracol Radio, terminó con un rescate que las autoridades locales calificaron como extraordinario. Lo extraordinario, sin embargo, no es el desenlace. Lo verdaderamente llamativo es que haya ocurrido en las condiciones que describe el reporte.
De acuerdo con la crónica, Solarte realizaba una excavación manual cuando el terreno cedió sobre él. En la zona no había maquinaria pesada disponible. El acceso al punto del siniestro fue descrito por los propios equipos de socorro como complejo. En pleno desarrollo de las maniobras se produjo un nuevo desplazamiento de tierra que volvió a cubrir de manera parcial a la víctima, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad sin suspender la operación. En la respuesta participaron los Bomberos Voluntarios de El Águila, personal del Hospital San Rafael, la Alcaldía Municipal y decenas de habitantes de la zona.
La coordinación, según el mismo reporte, se sostuvo sobre enlaces comunitarios y sobre la voluntad de los presentes, no sobre una estructura institucional permanente con presencia efectiva en el territorio.
El municipio de El Águila tiene, según proyecciones del DANE, poco más de diez mil habitantes y forma parte de la subregión norte del Valle, una de las zonas con mayor incidencia de movimientos en masa del departamento. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha documentado en reiteradas ocasiones que los municipios de esa franja registran condiciones geológicas críticas asociadas a la erosión, la deforestación y la inestabilidad de laderas durante las temporadas de lluvia. Esa condición, conocida y advertida, no se tradujo —al menos según lo que se conoce hasta ahora— en la presencia de un cuerpo de socorro profesional, en maquinaria disponible ni en un sistema de alerta temprana que advirtiera al campesino antes de iniciar la excavación.
Hay tres asuntos que esta emergencia pone sobre la mesa. Primero, la fragilidad operativa de los cuerpos de bomberos voluntarios en zonas rurales. Estas organizaciones cumplen funciones que constitucionalmente corresponden al Estado y, en la práctica, dependen de aportes municipales precarios y del esfuerzo personal de sus integrantes. ¿Tiene sentido que la atención de una emergencia en un municipio pequeño dependa, en buena medida, de la disponibilidad de vecinos y de donaciones? Segundo, la ausencia de políticas públicas focalizadas en la prevención de riesgos en economías campesinas. La excavación manual en predios de ladera es una actividad recurrente en municipios como El Águila, y rara vez va acompañada de asistencia técnica, supervisión o medidas de mitigación. Tercero, la opacidad presupuestal. No hay información pública verificable sobre cuánto invierte anualmente el municipio en gestión del riesgo ni sobre la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías destinados a este fin en la subregión.
El caso de don Pedro Solarte tuvo un final feliz. La comunicación permanente con los rescatistas, la hidratación suministrada mientras permanecía atrapado y la decisión de no suspender las maniobras permitieron su extracción con vida, según reportó Caracol Radio. El Cuerpo de Bomberos de El Águila reconoció el papel de los voluntarios y de la comunidad, y la Alcaldía agradeció a las instituciones participantes. Esa respuesta merece ser destacada, y este columnista la destaca. Pero un rescate exitoso no sustituye la política de prevención que debería haber reducido la probabilidad de que un adulto mayor pasara treinta horas bajo tierra.
Colombia acumula tragedias anunciadas en sus zonas rurales. Cuando el desenlace es favorable, como en este caso, la narrativa oficial tiende a cerrar el expediente con un reconocimiento a los servidores públicos y voluntarios de turno. La pregunta que queda, y que ninguna autoridad citada en el reporte responde, es quién responde por las condiciones que hicieron posible la emergencia. La respuesta no puede ser solo el agradecimiento a quienes, con lo que tenían a la mano, evitaron una muerte. La respuesta должна involucrar presupuesto, maquinaria, protocolos y presencia permanente del Estado en los municipios que el Estado suele olvidar.