El sábado 16 de agosto de 2026, tres días después de su posesión, la secretaria general del Ministerio de las TIC, Magda Yolima Amaya Arévalo, presentó renuncia a su cargo. La salida se formalizó mediante resolución ministerial, según reportó La Nación de Neiva, y se produjo tras un llamado de atención público del presidente Abelardo de la Espriella a la ministra Alexandra Falla.
Como registró ese mismo diario, el jefe de Estado escribió en su cuenta de X que la ministra debía revisar de inmediato los nombramientos en curso dentro de su equipo y verificar los antecedentes de quienes aspiraran a integrar el Gobierno. Añadió que, de encontrarse situaciones incompatibles con los principios de la administración, debía procederse “de conformidad”, y recordó que los cargos públicos demandan un estándar de coherencia, idoneidad y compromiso con el país.
La instrucción llegó después de que se conociera que Amaya se había desempeñado en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) durante la administración de Gustavo Petro. La ministra Falla respondió que acataría la orden de inmediato. En su defensa, según La Nación de Neiva, señaló que en 2012 se apartó de la Administración Distrital de Bogotá durante el gobierno de Petro y que, en ese entonces, fue calificada como “antipetrista” por no compartir las decisiones del entonces alcalde.
El episodio admite dos lecturas. La primera, favorable al nuevo gobierno, es que existe un mecanismo presidencial de corrección temprana: un nombramiento se politiza, el presidente interviene por la red social y la funcionaria dimite en menos de 72 horas. La velocidad de la rectificación puede leerse como una señal de disciplina de gabinete.
La segunda lectura es la incómoda. Si Amaya atravesó los filtros de idoneidad hasta llegar a la firma del acto administrativo de nombramiento, algo no funcionó en las etapas previas. La Secretaría General de un ministerio no es un cargo técnico de tercer nivel: es la encargada de los actos administrativos, la contratación y la atención de los requerimientos de los organismos de control. Cabría esperar que ese perfil hubiera sido revisado —y eventualmente vetado— antes de la posesión, no después de una denuncia pública en redes sociales.
¿Qué procedimiento se aplicó para la selección? ¿Qué entidad certificó los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales? ¿Por qué esos filtros no detectaron lo que un trino presidencial identificó en cuestión de horas? Sin respuesta a esas preguntas, la transparencia del nuevo gobierno queda a medias: la renuncia resuelve el caso individual, pero no la falla sistémica que lo produjo.
También queda en el aire la situación de la propia ministra. Si la vara de coherencia e idoneidad que el Presidente invocó aplica a la secretaria general, ¿debería aplicarse con el mismo rigor al resto del equipo ministerial, empezando por la cabeza de la cartera? La Nación de Neiva recuerda que Falla enfrenta cuestionamientos sobre su cercanía con el petrismo desde su posesión.
Por ahora, el saldo es modesto: una renuncia, una advertencia presidencial y la promesa de una revisión más profunda. En los próximos días se verá si el filtro es de verdad institucional —con manuales, hojas de vida públicas y criterios objetivos— o simplemente una reacción caso por caso a medida que los nombres se vuelven trending topic. Esa diferencia marcará el verdadero carácter de este gobierno.