La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres personas señaladas de participar en la planeación y ejecución del asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera, perpetrado el 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González, según reportó Infobae con base en la información del ente acusador. Los procesados no aceptaron los cargos formulados en su contra.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Portillo González habría realizado seguimientos previos al comunicador, desplazándose en un taxi para vigilar sus rutinas en la residencia y en otros puntos de la capital de Norte de Santander. Después, se habría encontrado con Vesga Arenas para continuar la vigilancia y reportar el instante en que debía ejecutarse el ataque. Con esa información, Duque Andrade habría arribado al lugar y, sin bajarse de la motocicleta en la que se transportaba, habría disparado contra Herrera antes de huir del sitio, conforme a la hipótesis del ente investigador.
La víctima fue auxiliada y trasladada en ambulancia a un centro asistencial, pero falleció durante el trayecto por la gravedad de las heridas. Para reconstruir los movimientos de los señalados antes, durante y después del ataque, investigadores del cuerpo técnico de investigación revisaron grabaciones de cámaras de seguridad del sector y contrastaron ese material con otras evidencias técnicas y testimoniales, según Infobae. La juez de garantías también autorizó el decomiso provisional de un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares que, conforme al expediente, habrían sido empleados en las etapas de seguimiento y ejecución.
El móvil que más inquieta a las autoridades, según Infobae, es el periodístico. La Fiscalía indicó que Herrera había recibido amenazas previas de la estructura autodenominada La Familia de la P., antecedente que quedó incorporado a la línea investigativa y que ubica el expediente en el registro de violaciones a la integridad de comunicadores. Esa conexión obliga a evaluar si los protocolos de protección existentes llegaron a activarse y con qué resultados, una pregunta que el Ministerio del Interior debería responder con documentación específica y no con declaraciones genéricas.
La judicialización de los tres señalados es un paso procesal necesario, pero no concluyente. La Fiscalía deberá avanzar ahora en dos frentes simultáneos. Primero, en la determinación de la responsabilidad penal individual, con el rigor probatorio que exige un proceso por homicidio agravado. Segundo, en el esclarecimiento de la cadena de mando y de los posibles determinadores detrás del ataque, incluyendo la eventual participación de integrantes o colaboradores de La Familia de la P. en la orden de asesinar al comunicador. ¿Bastará con la captura de los tres señalados para cerrar el caso, o la investigación deberá extenderse hasta los autores intelectuales?
El expediente también pone a prueba los compromisos del Estado con la libertad de prensa. Organizaciones defensoras del periodismo han reclamado que los crímenes contra comunicadores no queden en la impunidad y que se identifique a todos los responsables, según registró Infobae. Esa exigencia es razonable y debería ser asumida como propia por la Fiscalía, la Judicatura y el Ministerio del Interior. La respuesta institucional no puede limitarse a comunicar la captura de los señalados; debe extenderse a la protección efectiva de quienes continúan ejerciendo el periodismo en zonas donde las estructuras criminales ejercen control territorial.
Por ahora, lo concreto es que tres personas enfrentarán el proceso penal privadas de la libertad, que existen elementos materiales probatorios en su contra y que la investigación continúa. Lo que está por verse es si este caso se convierte en un nuevo expediente archivado o en una decisión judicial que incluya a quienes habrían ordenado el crimen. La diferencia entre uno y otro resultado no depende solo de la Fiscalía: depende también de la voluntad política de garantizar que informar desde Cúcuta, desde el Catatumbo o desde cualquier región bajo presión armada no sea una sentencia de muerte.
Desde La Bitácora creemos que el esclarecimiento de este crimen es una prueba de fuego para el sistema judicial colombiano. La violencia contra periodistas no admite respuestas tibias ni investigaciones que se detengan en los eslabones más visibles de la cadena criminal. El país necesita resultados, no comunicados.