Un ciudadano de nacionalidad extranjera fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá. El caso, atendido el 14 de junio en un edificio de la calle 106 con avenida 19, en el norte de la ciudad, dejó al descubierto una situación que va más allá del hecho aislado: en el apartamento donde ocurrieron los hechos fueron hallados tres menores de edad, de 4, 7 y 15 años, todos trasladados a centros asistenciales para valoración médica.
El procedimiento se originó por una alerta ciudadana. Vecinos del edificio observaron a un sujeto con un menor en el balcón del inmueble y notificaron a la línea 123. Al llegar al lugar, las autoridades verificaron la situación y, en coordinación con la línea de infancia y adolescencia, ingresaron al apartamento, donde encontraron a los tres niños. El teniente coronel Norberto Caro, citado por El Heraldo, señaló que al parecer un ciudadano extranjero estaría cometiendo un presunto acto sexual abusivo con un menor de 14 años en el lugar, que aparentemente operaba como alojamiento tipo Airbnb.
El episodio reitera un patrón que las autoridades capitalinas han documentado en los últimos años: el uso de plataformas de alquiler de corto plazo para la comisión de delitos. La modalidad no es nueva. En 2023 y 2024 la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Fiscalía adelantaron operativos conjuntos en los que se identificaron apartamentos usados para explotación sexual, almacenamiento de sustancias y trata de personas. La pregunta que queda sobre la mesa es qué controles efectivos se aplican hoy sobre los inmuebles que se ofertan como alojamiento temporal en zonas residenciales.
La normatividad existente es clara. El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece la protección integral de los menores y obliga a las autoridades a actuar de manera inmediata ante cualquier vulneración de sus derechos. El artículo 17 prohíbe cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes, incluyendo la sexual, y contempla la activación de rutas de atención. La Ley 1336 de 2009, por su parte, tipifica y endurece las penas para la explotación sexual comercial de menores. En este caso, la activación de la ruta parece haber funcionado: la alerta ciudadana, la respuesta policial y la coordinación con la línea de infancia y adolescencia permitieron el rescate de los tres menores en pocas horas.
Sin embargo, el caso deja interrogantes que la investigación deberá resolver. Primero, la relación entre el capturado y los tres menores: si se trataba de familiares, conocidos o terceros. Segundo, las condiciones de tenencia del apartamento y la responsabilidad del propietario o administrador de la plataforma de alquiler. Tercero, la situación migratoria del capturado, que podría derivar en un proceso administrativo paralelo al penal. Cada uno de estos puntos requiere documentación probatoria que solo la Fiscalía y un juez de control de garantías pueden evaluar.
También conviene revisar el papel de las plataformas de alojamiento. Colombia adoptó en 2022 un marco regulatorio para los servicios de hospedaje, pero la supervisión sobre el uso efectivo de los inmuebles sigue siendo débil. Cuando un apartamento se oferta como Airbnb o similar, la plataforma exige documentación del anfitrión, pero rara vez verifica quién ocupa el inmueble ni con qué propósito. Esa asimetría de información facilita que espacios residenciales se conviertan en escenarios de delitos graves sin que los administradores tengan conocimiento.
La captura del ciudadano extranjero es apenas el primer capítulo. El proceso penal deberá avanzar con todas las garantías del debido proceso: presunción de inocencia, derecho a la defensa, producción probatoria y, si corresponde, una sentencia condenatoria que sea revisada por un juez superior. La justicia colombiana tiene la oportunidad de demostrar que estos casos no quedan en la impunidad y que la protección de los menores es una prioridad operativa, no solo discursiva.
Mientras tanto, queda el dato que debería preocupar a cualquier ciudadano: tres menores fueron encontrados en un apartamento del norte de Bogotá en circunstancias que la Policía califica como presunto abuso sexual. La alerta llegó por un vecino. La respuesta fue institucional. El resultado, por ahora, es la captura de un sospechoso y el traslado de los niños a centros médicos. El resto depende de la Fiscalía y de los jueces.