El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e y planteó que sus activos conformen una empresa pública común con otro operador estatal del Caribe, según reportó Infobae Colombia. La decisión llega tras cerca de 21 meses de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Según declaró a La FM el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, y reprodujo Infobae Colombia, durante ese periodo la deuda de la compañía con el sector eléctrico pasó de aproximadamente $560.000 millones a cerca de $2,5 billones. Infobae Colombia también reportó que Air-e presta el servicio de distribución y comercialización en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y que representa cerca del 12% de la demanda nacional de energía. La empresa atiende a más de 1,3 millones de hogares en la región Caribe, un volumen que, según advirtió Andeg en declaraciones reproducidas por Infobae Colombia, ninguna distribuidora estatal pequeña podría absorber sin un esquema de fondeo claro. El gremio agregó que las pérdidas mensuales de la intervenida se ubicarían entre $150.000 y $200.000 millones, según las cifras citadas por Infobae Colombia.
Andeg calificó la propuesta como “irresponsable e ilegal” y sostuvo que liquidar sin antes honrar las acreencias configuraría “un desfalco a los acreedores”, según Infobae Colombia. Castañeda agregó que la compañía intervenida no ha publicado estados financieros en tres años y que en menos de dos años han pasado al menos seis agentes interventores, según Infobae Colombia. La pregunta que cabe hacerse es por qué la opacidad contable de un agente con 1,3 millones de usuarios no activó antes a los organismos de control. Infobae Colombia recordó que la Contraloría y la Procuraduría ya habían alertado sobre el riesgo de un “apagón financiero” en el sistema.
El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta calificó la intervención como un fracaso y sostuvo que la liquidación, sin un operador identificado, podría suspender obligaciones pendientes y precipitar un efecto dominó en el mercado eléctrico, según Infobae Colombia. La advertencia coincide con la proximidad de una temporada de alta demanda asociada al fenómeno de El Niño, momento en el que la liquidez de generadores, comercializadoras y distribuidores queda bajo máxima presión, según reportó Infobae Colombia.
El Gobierno complementa el anuncio con dos piezas adicionales, también consignadas por Infobae Colombia. La primera es la propuesta de habilitar a Ecopetrol para generar energía eléctrica destinada al público. La segunda es la mención de $8 billones en vigencias futuras del programa Colombia Solar para la región Caribe. Ambas son declaraciones de intención que requieren trámite en el Congreso y ejecución presupuestal verificable. Mientras tanto, la continuidad operativa de 1,3 millones de hogares queda atada a un proceso liquidatorio que, según Castañeda en declaraciones a La FM reproducidas por Infobae Colombia, impide comprar energía, venderla, facturar y prestar el servicio.
Hay tres preguntas que el Ejecutivo no ha respondido con documentos públicos. Primera, quién operará la red de distribución en Atlántico, Magdalena y La Guajira desde el día siguiente al inicio de la liquidación. Segunda, cómo se honrarán los $2,5 billones de deuda con el sector eléctrico antes de extinguir la persona jurídica, condición que el propio Castañeda considera indispensable para no configurar un desfalco, según Infobae Colombia. Tercera, dónde están los estados financieros auditados de los últimos tres ejercicios de Air-e, requisito mínimo para que la Contraloría, la Procuraduría y la Superintendencia evalúen responsabilidades fiscales, disciplinarias y regulatorias.
¿Puede la política energética colombiana seguir tratándose con anuncios en redes sociales? Cuando una empresa intervenida acumula pérdidas mensuales de hasta $200.000 millones, según las cifras citadas por Andeg y reproducidas por Infobae Colombia, la respuesta razonable es capitalizarla, fondear el fondo empresarial de la Superintendencia o buscar un operador privado con capacidad técnica. La liquidación sin plan de transición no resuelve la crisis: la traslada a los usuarios, a los acreedores y, eventualmente, al presupuesto nacional.
La Costa Caribe no necesita un nuevo anuncio. Necesita un operador solvente, una deuda saneada y un cronograma público de transición. Sin esos tres elementos, el “apagón financiero” que advirtieron la Contraloría y la Procuraduría, según Infobae Colombia, dejará de ser una hipótesis para convertirse en factura.