El presidente electo Abelardo de La Espriella anunció la designación de Sandra Suárez como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), según reportó La FM. El anuncio se produjo en la fase previa a la posesión del 7 de agosto y abre interrogantes sobre la continuidad administrativa de una entidad que ejecuta buena parte de la política social del Estado.
Prosperidad Social no es una agencia menor. Administra programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Renta Ciudadana, transferencias condicionadas a poblaciones vulnerables. Cualquier cambio de dirección en ese organismo afecta la operación de programas que ya están en marcha y cuyos pagos mensuales dependen de decisiones administrativas cotidianas.
Según reportó La FM, el presidente electo señaló que el nombramiento de Suárez responde al propósito de consolidar una entidad más cercana a la ciudadanía. Es una fórmula retórica habitual en transiciones de gobierno. Cercanía puede significar focalización más estricta, rediseño de los programas existentes o, por el contrario, ampliación discrecional de beneficiarios. Sin un documento de transición publicado, es imposible saber cuál de las tres cosas.
Hay tres preguntas que la opinión pública debería exigir antes del 7 de agosto.
Primera, cuál es el perfil técnico de la designada. Sandra Suárez no es una funcionaria ampliamente conocida en los círculos de política social. Su trayectoria pública previa, según lo reportado por La FM, no incluye experiencia documentada en programas de transferencias condicionadas, en operación territorial del DPS o en manejo presupuestal de entidades de esa magnitud. Si la hubiera, sería razonable que la transición la hubiera hecho pública.
Segunda, qué pasa con los contratos vigentes. El DPS tiene a su cargo decenas de convenios interadministrativos y contratos de operación con terceros que vencen en distintos plazos del segundo semestre. Una dirección nueva que llega sin equipo de empalme puede generar vacíos de decisión que afectan pagos a operadores y, en consecuencia, a beneficiarios. La transición debería publicar un cronograma de empalme por programa.
Tercera, qué línea predomina en la focalización. Prosperidad Social ha sido observada en los últimos años por la Contraloría y la Procuraduría en torno a criterios de selección de beneficiarios. Una dirección designada por un gobierno que se presenta como cercano a la ciudadanía debería, como mínimo, comprometerse por escrito con criterios técnicos de selección y con publicación abierta de bases de datos anonimizadas.
El presidente electo tiene el derecho legítimo de nombrar a su equipo. Pero la política social no admite improvisaciones. Los programas que administra Prosperidad Social llegan a hogares que dependen de transferencias mensuales para complementar ingresos. Una transición mal hecha se traduce, en cuestión de semanas, en retrasos en pagos, suspensiones de operativos territoriales y confusión en alcaldías y gobernaciones.
Por eso la designación de Suárez no puede quedarse en el anuncio. El próximo gobierno debería publicar, antes de la posesión, la hoja de vida completa de la designada, su plan de empalme y los criterios con los que piensa operar los programas vigentes. La ciudadanía tiene derecho a saber quién administrará una entidad que mueve miles de millones de pesos al año y que llega a millones de hogares.
La política social exige continuidad técnica, no experimentos.