El presidente Gustavo Petro aseguró desde el Vaticano que le pidió al papa León XIV respaldo para resguardar a las comunidades campesinas beneficiarias de la reforma agraria. Según reportó Vanguardia, el mandatario advirtió que grupos ligados a organizaciones criminales estarían intentando recuperar predios que pasaron al Estado por procesos de extinción de dominio. La audiencia, informó la Presidencia, se extendió por cerca de 20 minutos y la afirmación fue replicada en la cuenta de X del jefe de Estado.
La denuncia, si las cifras la respaldan, es grave. Y merece el rigor que el asunto exige: la política de tierras en Colombia ha sido, en buena medida, la historia de la captura del Estado por quienes se benefician de su informalidad.
Hay tres preguntas que el Gobierno no ha respondido con datos públicos. Primera: ¿cuántos predios extintos al narcotráfico han sido efectivamente adjudicados a campesinos desde el inicio de la reforma agraria, y cuántos permanecen sin asignación formal en manos del Estado? Segunda: ¿qué autoridad está a cargo de la custodia material de esos predios y con qué pie de fuerza? Tercera: ¿qué procesos de restitución judicial se han abierto contra los nuevos ocupantes y cuál es su estado procesal?
La respuesta oficial, por ahora, parece ser el Vaticano. Es entendible como gesto diplomático. Es insuficiente como política de seguridad. La protección de los beneficiarios de la reforma agraria corresponde a la Fuerza Pública, a la Fiscalía y a la Judicatura, no a la Santa Sede. Si las instituciones colombianas no pueden custodiar los predios que ellas mismas han adjudicado, el problema no es de respaldo moral internacional, sino de capacidad institucional.
El Gobierno también señaló, de acuerdo con la misma nota de Vanguardia, que actores próximos a esas organizaciones procurarían reinsertarse en el sector agropecuario e, incluso, tendrían aspirations de incidencia en el Ministerio de Agricultura. ¿Con nombres, expedientes y denuncias formales? Sin esos elementos, la afirmación queda en el terreno de la declaración política. Y una acusación de esa naturaleza, formulada desde el exterior ante un jefe de Estado extranjero, exige el mismo estándar probatorio que se le pediría a cualquier colombiano ante un juez.
Mientras tanto, en las zonas rurales del país, la realidad sigue marcada por la ausencia estatal. La Agencia Nacional de Tierras, los jueces agrarios y la Dirección de Carabineros son las instituciones llamadas a responder. La reunión con León XIV incluyó, además, política interna, lucha contra el crimen transnacional y cambio climático. Sería razonable que el Gobierno informara con el mismo detalle con qué compromisos concretos volvió de Roma y cómo piensa ejecutarlos desde Bogotá, no desde el Vaticano.
La fe mueve montañas, pero la adjudicación de baldíos la firman los notarios y la custodian los generales.