El 12 de agosto de 2026, la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria, anunció la designación de Mónica Rocío Lombana García como Superintendente Nacional de Salud encargada, según reportó El Heraldo. La funcionaria, médica y cirujana con especializaciones en Gerencia Hospitalaria y Gerencia de la Calidad en Salud, se vinculó a la entidad en 2020 y ha desarrollado tareas en inspección, vigilancia y control.
La Superintendencia Nacional de Salud tiene a su cargo la facultad de sancionar a las EPS que incumplan, intervenir prestadores en riesgo de quiebra y custodiar los recursos públicos del aseguramiento. Esa responsabilidad no se suspende cuando el titular del cargo es un encargado. Y cuando faltan pocos meses para el cierre del gobierno, una transición administrativa de este calibre exige, como mínimo, documentación pública del proceso y de los criterios aplicados.
Por eso la columna que sigue formula tres preguntas que el Ministerio de Salud, la propia Supersalud y los organismos de control deberían responder con documentos, no con comunicados.
Primera, qué procedimiento se surtió para el encargo. La nota de El Heraldo no menciona convocatoria pública, ni publicación de hojas de vida comparadas, ni actas de evaluación. Tratándose de un cargo que vigila el manejo de miles de millones de pesos del aseguramiento en salud, la opacidad del nombramiento no es un detalle administrativo: es el insumo principal de cualquier debate serio sobre la idoneidad de quienes ocupan esa silla. El estándar que esta columna ha defendido para cargos de esta naturaleza incluye convocatoria abierta, criterios publicables y trazabilidad de la decisión.
Segunda, cuál es el plan operativo frente a la crisis persistente de las EPS. La Superintendencia ha mantenido durante los últimos años un número significativo de entidades bajo medidas especiales, con resultados mixtos que han sido señalados por la Contraloría y la Procuraduría en distintos informes de seguimiento. Lombana llega, según el comunicado citado por El Heraldo, con el encargo de robustecer las tareas de inspección, vigilancia y control, proteger los recursos del sector y garantizar los derechos de los pacientes. El propósito es plausible. La pregunta es si vendrá acompañado de metas verificables: número de intervenciones a cerrar, monto de recursos recuperados, plazos para auditorías, sanciones ejemplarizantes a operadores que desvíen recursos. Sin esos indicadores, la misión declarada resulta indistinguible de las declaraciones de sus antecesores.
Tercera, qué señales enviará la nueva administración sobre la autonomía técnica de la entidad. El sistema de salud colombiano ha atravesado episodios en los que la Superintendencia fue percibida por distintos analistas y por veedurías ciudadanas como un apéndice administrativo del Ministerio del ramo. Esa percepción, documentada en columnas previas y en reportes de organismos de control, no se disipa con designaciones por encargo resueltas en horas. Se disipa con independencia demostrable frente al Ejecutivo, con publicación activa de los hallazgos de la Contraloría y la Procuraduría, y con sanciones efectivamente cobradas a quienes manejen irregularmente los recursos públicos.
La formación clínica de Lombana es pertinente para una entidad donde el conocimiento hospitalario importa. Pero la Superintendencia no administra un hospital: vigila a quienes administran recursos de la salud de todos los colombianos. El reto, por tanto, no es médico, es institucional. Y las decisiones que la nueva superintendente adopte en las próximas semanas —sobre continuidad o liquidación de procesos de intervención, sobre multas a operadores y sobre la publicación de sus hallazgos— serán la verdadera prueba de fuego.
Un encargo a pocos meses del cierre del gobierno debería leerse como una transición administrativa. Si el Gobierno lo presenta como una apuesta de fondo, tiene la obligación de acompañarlo con un cronograma público de estabilización del cargo y con metas verificables. De lo contrario, el sistema seguirá girando alrededor de superintendentes interinos y de comunicados de prensa, mientras los pacientes esperan citas, autorizaciones y respuestas que la Supersalud no logra garantizar.