A tres semanas de la desaparición de María Camila Potosí en Cali, la única voz audible sobre el avance de la investigación es la de un expareja de la principal sospechosa. La Fiscalía General de la Nación, en cambio, no se ha pronunciado de manera oficial sobre los puntos mínimos que el caso exige.
Según reportó El Colombiano, Carlos Rincón, expareja de la mujer señalada como sospechosa principal, afirmó en un video difundido en redes sociales que fue la propia familia quien entregó a la investigada a las autoridades el pasado domingo, primero en la estación de Policía de Meléndez y luego a funcionarios del ente acusador. El Colombiano consignó la frase atribuida a Rincón en la que asegura que el ente ya tendría bajo custodia a la mujer y que la familia la entregó al percatarse de su presunta participación. El mismo diario advirtió que la Fiscalía no ha confirmado esa versión y que esta corresponde, por ahora, al testimonio de Rincón.
Esa asimetría informativa es el centro del problema. La reserva sumarial que invoca la Fiscalía para no entregar detalles es una figura procesal legítima, diseñada para proteger la cadena de prueba y el debido proceso. Pero la reserva no equivale a opacidad total: existe un deber funcional de comunicar, al menos, los hitos básicos de una investigación que involucra la desaparición de una mujer con 36 semanas de gestación y, según la necropsia conocida por la Personería de Cali, la posible sustracción de una recién nacida del cuerpo hallado.
La Personería y el Ministerio Público ya pidieron celeridad y concentración de esfuerzos para localizar a la bebé, según reportó el mismo diario. La Fiscalía, en cambio, no ha precisado si la sospechosa fue efectivamente capturada, qué delitos se imputarían, ni cuántas personas más estarían siendo investigadas, hipótesis que Rincón mencionó citando, según su versión, a funcionarios del ente.
Hay al menos tres costados que exigen pronunciamiento oficial. Primero, la situación de la sospechosa: si está privada de la libertad, debe informarse formalmente; si no lo está, el testimonio de Rincón pierde asidero y obliga a una explicación. Segundo, la suerte de la recién nacida: la versión forense indica que el cuerpo de la joven fue hallado sin el bebé en el vientre, lo que abre una hipótesis indiciaria sobre un segundo hecho autónomo y sobre la vida de una persona cuya integridad correría riesgo inmediato. Tercero, las amenazas denunciadas por Rincón ante la opinión pública por la insuficiencia, según su versión, de las medidas de protección. Cuando un ciudadano recurre a redes sociales para pedir seguridad, ¿puede el Estado responder únicamente con reservas?
La investigación, según la misma fuente, continúa bajo reserva. La madre de María Camila, en tanto, mantiene viva la expectativa de encontrar con vida a su nieta y pidió públicamente a quien la tenga que la entregue sana y salva. Esa expectativa razonable de una abuela no puede quedar atrapada en un vacío informativo.
La separación entre periodismo y labor judicial es nítida y debe respetarse: este no es un espacio para prejuzgar a la sospechosa ni para especular sobre su participación. Pero la experiencia reciente de casos con alto voltaje social en Colombia ha mostrado que el silencio prolongado del ente acusador no protege la investigación; la desprotege. Genera desconfianza, abre terreno a narrativas paralelas y termina obligando a la Fiscalía a desmentir versiones que ella misma dejó circular.
Si la captura informada por Rincón es cierta, la Fiscalía debe confirmarla con fecha, lugar y delito provisional. Si existen otros investigados, debe decirlo. Si la recién nacida sigue viva y hay un plan de búsqueda activo, debe detallarlo. La reserva procesal protege documentos, no respuestas mínimas que el país entero está esperando.