¿Qué queda de una cartera ministerial cuando su titular anuncia la partida con la misma indiferencia con que se prorrogó un contrato deportivo menor? La renuncia de Patricia Duque al Ministerio del Deporte, con efecto el 7 de agosto, no merecería más que una nota breve en la sección de nombramientos si no revelara, mutatis mutandis, una patología más vasta del aparato estatal colombiano.
Duque permanecerá hasta la transición. Es decir, hasta que el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella asuma el mando. La formalidad respetuosa de los plazos institucionales debería ser lo mínimo esperable; en cambio, hoy la anotamos como virtud. Así ha descendido el umbral de nuestras expectativas. Hannah Arendt advertía sobre la banalidad no solo del mal, sino de la mediocridad burocrática que lo precede: cuando la gestión pública se reduce a ocupar una silla hasta que suene el timbre, el res publica se convierte en mobiliario.
El Ministerio del Deporte encarna una contradicción estructural del Estado colombiano. Creado en 2019 con la promesa de profesionalizar una política pública dispersa entre cultura y educación, se convirtió rápidamente en reducto de clientelismo territorial y en vitrina para anuncios que Tocqueville habría reconocido como el rostro amable del despotismo democrático: programas con nombres resonantes, fotografías con atletas, cifras que no resisten auditoría. La pregunta incómoda —¿cuántos ministerios de esta envergadura justifican su existencia autónoma?— rara vez se formula en el Congreso, donde la creación de carteras obedece más a aritmética coalicional que a análisis funcional.
La tradición liberal que aquí representamos no es hostil per se al gasto público en deporte. Luis Carlos Galán entendió el fútbol como territorio de construcción ciudadana; Antanas Mockus, en sus mejores años, usó el deporte escolar como metáfora de convivencia. Pero ambos exigían rendición de cuentas, no gestión simbólica. El ministerio que abandona Duque heredó el legado de la Agencia Nacional del Deporte, cuyas auditorías revelaron contrataciones directas sin competencia y subsidios a clubes sin criterio técnico. La transición ofrece a De La Espriella la oportunidad de preguntarse si esta estructura merece reforma, fusión o supresión.
No ignoro que la oposición tampoco tiene aquí un récord intachable. Gobiernos anteriores manejaron el Instituto Colombiano del Deporte con la misma lógica de cercanía política que ahora criticamos. El antídoto contra el sesgo partidario es, precisamente, documentar: las cifras de inversión por departamento, la correlación entre presupuesto y medallas, el destino de los recursos del Fondo de Deportes. Sin esa información, la crítica se vuelve ruido.
La renuncia de Duque, en sí misma, es un hecho menor. Pero los hechos menores acumulados construyen el carácter de una administración. Si el gobierno saliente no pudo dotar de sentido a una cartera creada para proyectar modernidad, ¿qué le espera a quien la asuma? La pregunta que dejo planteada es de orden institucional, no personal: ¿cuántos ministerios colombianos existen no porque el país los necesite, sino porque la política los produjo?