Un niño de diez años murió y cinco personas más resultaron heridas el 19 de junio en zona rural de Tibú, Norte de Santander, tras el impacto de un dron cargado con explosivos contra una familia campesina. El hecho fue reportado por el director de Indepaz, Leonardo González, en su cuenta de X, y reproducido por El Heraldo a partir de información de la Agencia EFE.
Entre los lesionados hay un niño de dos años, un adolescente de diecisiete, dos mujeres y un hombre adulto. El ataque, según medios regionales citados por el mismo reporte, se habría producido en medio de combates entre el ELN y una disidencia de las FARC, dos estructuras que disputan el control territorial y las economías ilegales del Catatumbo.
El episodio no es aislado. Esta misma semana, el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, Olivier Dubois, advirtió desde Ginebra que los drones explosivos se han vuelto un elemento cada vez más frecuente dentro del conflicto colombiano. Según el organismo humanitario, cerca de un millar de personas habrían resultado heridas durante 2025 por ataques relacionados con estos dispositivos, con la población civil como principal afectada.
La cifra es consistente con lo que se observa en territorio desde hace al menos dos años: el uso de artefactos no tripulados por parte del ELN, las disidencias y, en menor medida, por organizaciones criminales, dejó de ser experimental y pasó a ser táctica regular. La novedad no es tecnológica, es de normalización.
Hay tres problemas que esta normalización pone en evidencia.
Primero, la asimetría en la respuesta del Estado. Un dron de bajo costo, operado por dos o tres personas, puede causar el mismo daño que un artefacto explosivo improvisado de alta potencia, pero a una distancia que vuelve casi imposible la reacción de la fuerza pública en tiempo real. Si el Ministerio de Defensa no ha ajustado doctrina, inteligencia de señales y capacidades de contradrone para enfrentar este patrón, el resultado será más Tibús.
Segundo, la protección de la población civil. El derecho internacional humanitario es claro: los ataques deben distinguir entre combatientes y civiles, y los medios empleados no pueden ser indiscriminados. Un dron lanzado contra una zona rural sin verificación previa de presencia militar o policial es, por definición, un ataque indiscriminado. Que esto ocurra de manera reiterada y que las autoridades no hayan emitido un pronunciamiento oficial al cierre de esta columna es, en sí mismo, un dato.
Tercero, la crisis humanitaria silenciosa. El CICR ha documentado confinamientos de familias enteras durante días en zonas rurales del Catatumbo, con restricciones severas al acceso de alimentos, agua potable y atención médica. Tibú, Sardinata, Convención y Teorama concentran buena parte de esa presión. Cada familia confinada es, en la práctica, una comunidad desplazada internamente que no aparece en los registros oficiales porque no se ha movido.
La muerte del niño de diez años no es una tragedia más del Catatumbo: es la confirmación de una tendencia advertida por la institucionalidad y desatendida por el debate público. Mientras la discusión nacional se concentra en reformas sociales y en el calendario electoral, una región entera convive con la posibilidad de que el siguiente dron caiga sobre su casa.
El Estado tiene tres obligaciones inmediatas: pronunciarse de manera pública y verificable sobre lo ocurrido en Tibú; reportar las acciones de inteligencia y contraataque desplegadas en la zona; y actualizar, con metas medibles, la estrategia de protección a comunidades rurales en zonas de disputa entre grupos armados. La sociedad civil, por su parte, debe exigir que el uso de drones contra la población civil no se convierta en una estadística aceptada.